La Fiscalía Municipal se encuentra investigando hechos de violencia laboral denunciados por una decena de empleados que se desempeñan en la recolección de residuos, y que tiene como acusado a un encargado. Estas denuncias motivaron la iniciación de un sumario administrativo y que el denunciado fuera relevado de su puesto de trabajo en el Corralón Municipal y trasladado a otra área mientras se resuelve su situación.
Insultos, tratos despectivos, palabras hirientes y agravantes es lo que utilizaba - según denuncian los empleados- el encargado municipal. El cual además "para posicionarse en un lugar de mayor poder" y generar intimidación "alardeaba con conocer a determinadas personas" de peso. También los trabajadores denunciaron violencia física hacia sus elementos de trabajo.
Pero el abuso de poder no terminaba allí, sino que los empleados aseguran que el encargado los obligaba a que compren en un comercio particular que tiene; y si no lo hacían los tachaba en una lista que tenía para luego tomar algún tipo de represalia. Entre las que se encontraba no darles horas extras o licencias. Las amenazas también incluían no renovar o dar de baja los contratos, o bien producir algún informe negativo sobre el desempeño laboral de alguno de los trabajadores. La Fiscalía Municipal logró determinar mediante documental que los empleados que habían denunciado al acusado ya no contaban con horas extras en sus recibos de sueldo. Por lo que en principio ésta sería una evidencia fundamental que se agrega a los testimonios de los agentes municipales.
Otra conducta llamativa que tenía el encargado era que reunía a los recolectores antes de salir a realizar los recorridos y los obligaba a orar, sin tener en cuenta sus creencias religiosas.
A las denuncias de maltrato laboral hasta aquí detallados, se suman otras de incumplimiento de las labores diarias, como irse a dormir a su casa o a una peña en horario de trabajo, para volver luego alcoholizado a hacer sus labores. Y todo esto utilizando, según la denuncia, la camioneta municipal.
Lo detallado en las denuncias no solamente implica violencia laboral, sino incumplimientos de obligaciones y violación de utilizar con fines personales bienes destinados al servicio oficial, todo según está normado en leyes provinciales vigentes.
