Por estos días los santafesinos se encuentran indignados: nuevamente han llegado las facturas de la EPE a sus domicilios con aumentos exorbitantes que empujan a algunos usuarios a situaciones límite como por ejemplo no pagar la boleta o incluso, pensar en cerrar sus pequeños negocios, por no mencionar la situación en la que se encuentran muchos jubilados, que no les alcanzan los haberes de todo el mes para pagar al menos una boleta. Sin dudas que la situación reviste una gravedad inusitada, más aún cuando los usuarios se encuentran realmente desprotegidos por parte de sus representantes, ante la inexistencia de una vía directa y efectiva para realizar los reclamos pertinentes.

Ante esto, algunos dirigentes de Cambiemos han tomado la iniciativa para reclamar ante las autoridades de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), como es el caso de los concejales Viotti y Sagardoy que solicitaron que el directorio se acerque al concejo o el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, quien citó a la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Gesse a fin de que explique las tarifas actuales que aplica la EPE. En ambos reclamos hay un solo interés implícito en común: debilitar al gobierno de Miguel Lifschitz haciéndolo responsable de los aumentos de las tarifas de energía eléctrica. Lo que parecen olvidar los concejales de Cambiemos es que la EPE solo realiza la distribución de la energía, y que hoy en día el problema central es que los usuarios tienen que pagar las boletas con aumentos porque la empresa distribuidora local no puede absorber los nuevos precios que impuso el Gobierno nacional, tal como quedó expresado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 19 de Diciembre de 2017, donde se establece que por la resolución 523 la Empresa Provincial de la Energía traslada a los santafesinos el aumento de la energía en el nivel mayorista, dispuesto por el gobierno nacional. 

Como en todos los casos, los perjudicados siguen siendo los usuarios que además, se encuentran desamparados en tanto no se puede contar con representantes políticos que planteen una defensa seria y altruista de los intereses de los consumidores. En este sentido, también es llamativa la ausencia del Intendente Castellano, quien como principal referente político de todos los rafaelinos, debería al menos alzar su voz en defensa de sus intereses. También es notoria la ausencia de legisladores nacionales, tanto diputados y senadores por Santa Fe, quienes aún no se han manifestado ni han cuestionado el precio que la Nación le vende la energía a nuestra provincia. Una situación que pone en evidencia la falta de interés real para resolver las problemáticas de los ciudadanos y que sigue sin resolver la problemática de fondo.