El 28 de junio de 2018, el Concejo de Rafaela aprobó el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias, una iniciativa presentada por la oposición con el propósito de impulsar la instalación de estos dispositivos en distintos barrios de la ciudad como una forma de mitigar o prevenir hechos delictivos. A cinco años de la reglamentación de la norma, que tuvo lugar el 10 de julio del mismo año, tan solo dos dispositivos se han instalado en toda la ciudad, evidenciando una ejecución prácticamente nula. Esta baja tasa de instalación muestra que la iniciativa no ha tenido la repercusión esperada en la comunidad.
La Alarma Comunitaria opera en una cuadra (o hasta en cuatro si se sitúa en una esquina y se utilizan equipos más potentes), conectándose a un dispositivo que activa una alarma sonora. Cada hogar cuenta con un botón (llavero) que, al ser accionado por un residente al presenciar una situación sospechosa, activa la alarma. Esto permite a una empresa de seguridad notificar a la policía sobre un posible incidente delictivo y también moviliza a los vecinos cercanos para brindar asistencia. De esta manera, el sistema no sólo busca ofrecer seguridad, sino que también fomentar la solidaridad entre vecinos al cuidarse mutuamente.
¿Por qué no ha funcionado como se esperaba?
Las dos alarmas comunitarias instaladas están ubicadas en puntos específicos del barrio Pizzurno: una en México y Lotufo, y la otra en el cantero de Hipólito Yrigoyen, cerca de Gandhi, la cual abarca unas 3 cuadras según se pueden ver los carteles colocados en los canteros del bulevar.
Según las opiniones de funcionarios, presidentes vecinales y especialistas en seguridad electrónica consultados por RAFAELA NOTICIAS, dos factores fundamentales han obstaculizado su implementación. En primer lugar, el costo económico que tiene instalar una alarma comunitaria, el cual está a cargo de los vecinos. A pesar de que la ordenanza sugiere que los precios de instalación son accesibles, la realidad es que están estipulados en dólares, por lo que dependiendo de la complejidad del sistema, oscilan entre 1.350 y 2.850 dólares. Estos montos traducidos a la moneda local, y tomando como referencia el dólar paralelo, van desde 1.215.000 a los 2.565.000 pesos, sin incluir el precio del llavero con el botón de la alarma, valorado en 22 dólares (19.800 pesos). Si bien es cierto que el costo de la instalación no recae en un único vecino sino que se divide entre las familias de una cuadra o más, sigue siendo una suma considerablemente alta para muchos, especialmente en un contexto económico inflacionario y de inestabilidad cambiaria.
El segundo obstáculo para que se expandiera el sistema de alarmas comunitaria en Rafaela ha sido la falta de consenso entre los vecinos. Ya sea debido a los costos que cada uno debía pagar o a otros aspectos del funcionamiento, en las reuniones vecinales que se fueron haciendo todos estos años para promocionar el sistema, nunca se lograron acuerdos. Esta falta de consenso comprometió la efectividad del sistema, ya que su funcionamiento óptimo depende de la colaboración de todos los vecinos y que se arme una red de alarmas. Además, a medida que más residentes de la cuadra deciden no tenerlo, los costos se elevan para aquellos que sí lo requieren, porque el monto de la instalación se divide por menos vecinos.
A pesar de que la ordenanza actual establece que el Municipio contribuirá al monitoreo del sistema de alarmas comunitaria pagando a una empresa y que además debe hacerse cargo de la electricidad y de posibles reparaciones, para algunos ciudadanos los costos de instalación siguen siendo prohibitivos. Es decir, se trata de un sistema accesible para el sector más pudiente de la comunidad. Pero a su vez, al mantenimiento de ese sistema lo pagan todos los rafaelinos, porque el dinero sale de los impuestos de los contribuyentes, incluyendo aquellos que no pueden instalar el sistema. Para hacerlo más sencillo de entender: al sistema lo instalan sectores con mayor poder adquisitivo, pero lo pagan todos. En los primeros años de la aprobación de las alarmas comunitarias, algunos optimistas afirmaban que se le debía dar más tiempo al mecanismo para que la comunidad se familiarice con su funcionamiento, pero lo único que pasó fue que el sistema quedó estancado.
Por otro lado, según pudo averiguar este medio en las diferentes fuerzas de seguridad, no se reportaron hechos significativos que hayan sido disuadidos por las alarmas comunitarias, por lo que no se ha podido comprobar su eficacia. Además especialistas en seguridad electrónica señalaron que en la actualidad con los inhibidores de alarmas que usan los delincuentes (en Rafaela los han utilizado para robar en vehículos), se pueden interceptar las frecuencias de las alarmas comunitarias y dejarlas sin funcionar. "Es un sistema obsoleto, caro y vulnerable", consideró un especialista consultado por este medio. Y señaló que el actual programa Municipal "Ojos en Alerta" es mucho más económico y efectivo dado que los vecinos con un simple mensaje de Whats App se pueden comunicar directamente con las fuerzas de seguridad.
El tema a analizar en profundidad, como ya se mencionó con anterioridad, es que las dos alarmas comunitarias que existen en la ciudad están siendo mantenidas en funcionamiento gracias al aporte económico del Estado local, es decir, a través de fondos de los vecinos de toda la ciudad. Es cierto, que el monto que paga el Municipio es ínfimo en comparación con el presupuesto municipal, dado que rondaría el medio millón de pesos anual por las dos alarmas. Pero de todas maneras no dejan de ser fondos públicos que si se invierten, se debe tener la certeza de que sirven para algo. En caso de que esto último no suceda, no tendría sentido mantener una ordenanza que tiene una aplicación casi nula y que además se lleva fondos públicos. Algo que deberá ser analizado por el Concejo y decidir si la deroga o no.
