El 31 de julio de 2024, el Club Atlético Florida de Clucellas emitió un comunicado a través de sus canales oficiales para informar sobre una situación que preocupa a la institución: una sanción impuesta por la FIFA que aún no ha sido resuelta en el ámbito federativo.
El documento explica que, en 2019, el club había presentado un reclamo por el Derecho de Formación debido a la firma del primer contrato profesional de un jugador formado en su institución. Este reclamo se dirigía al Club Calahorra, de la tercera división de España, en base al Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores.
En principio, la FIFA resolvió que el Club Calahorra debía pagar a Florida de Clucellas la suma de 12.000 euros. En la misma resolución, se ordenó al club español pagar al Club Atlético Rafaela la suma de 186.054 euros y al Club Atlético San Jorge, la suma de 15.535 euros.
Sin embargo, la historia no terminó ahí. "El club español apeló esta resolución al TAS (Tribunal Arbitral Deportivo). En esa oportunidad, nuestra institución ya había adelantado que no contaba con recursos para afrontar los costos procesales, razón por la cual estos fueron pagados por el club que apelaba", relata el comunicado.
El árbitro mexicano que intervino en el caso le dio la razón al club español, emitiendo un laudo que ha sido ampliamente cuestionado.
En sus consideraciones, según el comunicado, el árbitro reconoció que el artículo 22 del Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores favorecía a Florida. Aun así, no respetó la interpretación que la propia FIFA había hecho y falló en contra de los tres clubes argentinos.
"Florida perdió la expectativa de cobrar los derechos, ya que apelar ante la Corte Federal Suiza requeriría recursos para costos procesales que nuestro club no tiene ni puede afrontar", señalaron.
Como consecuencia, declararon que se les aplicó una desproporcionada y arbitraria distribución de costas a los tres clubes argentinos, prácticamente en partes iguales. "En consecuencia, nuestro club, que debía haber cobrado 12.000 euros, ahora enfrenta un reclamo de pago de 10.000 francos suizos."
Nuevamente, acudieron al Tribunal Arbitral por la aplicación de estos costos, argumentando que el mismo árbitro interviniente había reconocido que el artículo 22 del Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores les daba la razón, "por lo que no podían cargarse las costas a nuestra institución. Sin embargo, nuestro pedido fue rechazado por la negativa del Tribunal a revisar el tema de las costas."
Posteriormente, ante la solicitud de sanciones por parte del club español, recurrieron a la Comisión Disciplinaria de FIFA, argumentando que los costos procesales reclamados no están incluidos en el artículo 21 del Código Disciplinario de FIFA.
"Este artículo limita expresamente los procedimientos sancionatorios al caso de impago total o parcial de una suma de dinero a un jugador, entrenador, club o a la propia FIFA en virtud de una decisión del TAS. En nuestro caso, no existió una decisión de esa naturaleza que obligara al pago de monto alguno por incumplimiento de algún contrato. Solo estamos ante los costos de arbitraje y ayuda legal del club apelante, que no tienen relación con lo previsto en el mencionado código disciplinario."
Tampoco la FIFA atendió nuestro derecho, intentando obligarnos a pagar y aumentando aún más los costos, que nuestro club no está en condiciones de afrontar.
Después de nuestro resonado caso, el TAS, junto con la FIFA, creó un fondo de asistencia precisamente para el pago de este tipo de costas, ayudando al apelante cuando no cuente con recursos suficientes. Solicitamos que estos fondos se utilicen para pagar las costas, pero nuestra solicitud fue denegada con el argumento de que no se pueden aplicar retroactivamente."
Finalmente, el comunicado informa que la FIFA ordenó una inhibición sobre el club, impidiéndole inscribir jugadores en la institución.
"Ante esta situación, iniciaremos una serie de pedidos formales a nivel federativo, solicitando una asistencia excepcional para resolver este reclamo, debido a la injusticia que se ha cometido por este arbitrario y desproporcionado criterio de pretender hacernos pagar en concepto de costas un monto mayor al que teníamos derecho a cobrar", concluyeron.
