Si bien estamos abocados desde hace mucho tiempo atrás, después de casi dos años de trabajo sistemático, incansable, de elaboración de propuestas, de brindar aportes serios y calificados, de acercar partes, de presentar estadísticas de fuentes indiscutidas, de oficiar de gestores ad honorem en un área en la que el aparato público (ampliamente cubierto de funcionarios pagos) debería hacerlo, hemos llegado a la situación de mayor desamparo y decepción en relación al tratamiento de la aplicación de fitosanitarios en el periurbano de Rafaela.
¿Cuál es la responsabilidad de nuestros referentes políticos en las cuestiones que atañen al sector productivo que genera continuamente divisas para que ellos puedan “invertir”? ¿Cuál es su compromiso e intención de buscar soluciones para la continuidad productiva? ¿Cuál es su deber como autoridades de la ciudadanía para resolver profesional y objetivamente los conflictos que surgen? ¿O quizás son generadores de una nueva grieta “urbanidad versus ruralidad”?
El Gobierno de la Pcia de Santa Fe a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, acompañan proyectos de educación ambiental, promoción de los cuidados de la salud, innovación y desarrollo sin embargo dejan un enorme espacio vacío en cuanto a la implementación, estímulo y fortalecimiento del trabajo con BPAs. Se publica un Manual con los principales puntos que deberían contener las ordenanzas que diseñen las localidades de la provincia en relación al uso y aplicación de productos fitosanitarios mencionando además que para ello es fundamental el “consenso” de todos los actores en su elaboración. Y ¿luego de eso…? No hay acompañamiento, ni seguimiento ni implicación en los casos. ¿No debería ser ese el rol de nuestras autoridades?
Miramos con admiración nuestra vecina provincia de Córdoba dónde se trabaja mucho en este sentido. En 2020 participaron alrededor de 3400 productores, 80 de ellos fueron premiados durante la última Fiesta Nacional del Trigo. El programa no hace distinciones por tipo de producción (puede ser ganadería o agricultura más o menos intensiva) ni entre productores chicos, medianos o grandes. Para este año tiene asignado un presupuesto de 250 millones de pesos. Y escuchamos decir a su ministro: “Al productor hay que reconocerlo, protegerlo y, si es posible, estimularlo. Él pone en su campo el cartel de BPA y hacia afuera está diciendo que ahí hay un productor que hace bien las cosas y que lo que hace tiene valor agregado, porque es una certificación que el mundo está requiriendo”. Con idénticas propuestas es inentendible esta disparidad de comportamientos.
Como si este desentendimiento fuera poco, sumamos a ello la continua provocación al manifestar, desde sectores oficialistas, “agravios y/o presiones” en relación al tratamiento del proyecto de ordenanza. Una vez más reiteramos y volvemos a expresarlo públicamente: si estas acciones fueren reales y comprobables lo que corresponde a un sistema democrático, es denunciarlos ante la Justicia para que sean esclarecidos y debidamente sancionados.
Dejemos de enviar obvios mensajes para la tribuna, o presentar acciones cual escenografía que quedan sólo en un papel. Que cada uno ASUMA la RESPONSABILIDAD de su cargo y función con el compromiso, seriedad y dedicación que los ciudadanos merecemos. Tienen la OBLIGACIÓN como funcionarios de brindarnos un modelo superador que considere todas las variables que hacen al concepto integral de SALUD (tratamiento de efluentes, residuos, agua segura, alimentación, educación, entre otros).
No permitamos que a partir de este caso, nuestra Rafaela, sea la pieza que genere un efecto dominó en el que encadenadamente se empiecen a desmoronar otros sectores sumándose a la deplorable caída nacional en la dinámica de prohibiciones, cepos, cierres, ceses...
Tristemente hemos llegado al punto límite.
