Trabajadores obligados a cumplir con su labor pese a
estar en grupos de riesgo, empleadores que buscaban consignar como
vacaciones el período de aislamiento, ausencia de las medidas de higiene
y seguridad; sobre esos temas giran las denuncias que recibe el
Ministerio de Trabajo de la provincia desde que fue declarada la
emergencia sanitaria por coronavirus, hace once días. Ni bien entró en
vigencia la medida, la línea 0800-555-3846, habilitada para que los
empleados puedan consultar los términos del decreto o denunciar
incumplimientos no paró de sonar: en cinco horas entraron 1.100
llamadas. Actualmente esa cifra se redujo a 600 y a los problemas se
suman dificultades con el pago de salarios.
La línea gratuita
del Ministerio de Trabajo funciona de lunes a viernes, de 7 a 14. Del
otro lado del teléfono, los operadores escuchaban las voces de empleados
de supermercados, de estaciones de servicio o del sector de la salud,
relatando lo que significa trabajar en tiempos de pandemia. Testimonios
que, entre otros, advierten de una inédita carga de tareas, rutinas más
extensas de las habituales o la falta de elementos para prevenir el
Covid-19, como alcohol para limpiarse las manos, en gel o diluido al 70
%, o vestimenta adecuada.
También de la falta de licencias a
personas que, por edad o por patologías previas, están comprendidas
entre los grupos de riesgo. Empleadores que buscaban consignar como
vacaciones el período de aislamiento, o que se negaban a recibir el
certificado médico que exceptuaba a sus empleados de ir a trabajar. Y se
informaron incumplimientos del aislamiento en el ámbito laboral.
Según
destacó el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman, “en
un primer momento hubo muchas consultas sobre qué actividades eran
esenciales, creo más bien por temor de los empleados. Por ejemplo, el
caso de fábricas como Celulosa que hacen cajas, pero son proveedoras de
industrias alimentarias o fábricas de botellas. Por otro lado, recibimos
también muchas quejas sobre las condiciones de higiene y seguridad, lo
que nos orientó para ordenar nuestras inspecciones”, detalló.
El
funcionario señaló que los controles se realizaron en cadenas de
supermercados, terminales portuarias e industrias con el objetivo de
“cuidar la salud de los trabajadores” (ver aparte).
La norma
El
pasado 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto Nº
297 que ordena el aislamiento total y obligatorio en todo el país hasta
el 31 de marzo, y que ayer se prorrogó hasta que culmine Semana Santa
(ver página 3). La norma exceptúa a las personas que desarrollen
servicios considerados esenciales para la sociedad, como la producción,
distribución y venta de alimentos y combustibles, la salud, la seguridad
y la comunicación, entre otros.
En estos casos, el decreto
hace énfasis en la protección de los derechos de los trabajadores que
cumplen estas tareas y advierte que “en todos estos casos, los
empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y
seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la
salud de las trabajadoras y de los trabajadores”.
Resoluciones
de la cartera de Trabajo nacional dispusieron también licencias para
que los mayores de 60 años, embarazadas y portadores de enfermedades
consideradas de riesgo, puedan dejar de concurrir a sus empleos.
Sin
embargo, el día siguiente de entrada en vigencia le medida, empleados
de supermercados salieron a hacer públicas sus condiciones de trabajo,
la falta de elementos de higiene y de prevención de la enfermedad. “No
tenemos ninguna protección, nos estamos cuidando como podemos y tratando
de desinfectar con lo que tenemos”, manifestaban en medio de la
protesta.
Los portuarios también expusieron su inquietud por
la falta de control sanitario a las tripulaciones que llegan en los
barcos que cargan cereal.
Para facilitar las denuncias, la
provincia habilitó un 0800, “que fue reforzado debido al enorme volumen
de llamadas que se registran todos los días”, según señala un informe
sobre el desempeño de la línea.
El día siguiente al anuncio
presidencial, los operadores recibieron 1.100 consultas, de las cuales
un porcentaje no correspondía específicamente a conflictos en el ámbito
laboral. Actualmente se ha estabilizado en un promedio de 600 llamadas
diarias.El análisis sobre las consultas recibidas en la línea
gratuita destaca que, la mayor parte, están relacionadas con el
aislamiento obligatorio y los permisos de circulación necesarios.
También se detectaron numerosas consultas de cuentrapropistas y
trabajadores de la economía informal ligados a la industria alimenticia,
que buscan seguir con sus labores.
En cuanto a lo
estrictamente laboral, el cumplimiento de las condiciones de salud,
higiene y seguridad en las empresas es uno de los temas más consultados,
dividiéndose en consultas sobre el protocolo y denuncias por
incumplimiento. Detrás quedó la situación de las licencias a los grupos
de riesgo.
Y, en los últimos días, se incrementaron también
las llamadas relacionadas con los salarios. Por un lado, empleadores
consultando sobre los mecanismos para la liquidación de los sueldos,
pero también de empleados que denuncian falta de pago, pagos diferidos o
recortes en montos no registrados.
