La investigación se inició por un episodio ocurrido el 15 de octubre de 2026, cuando, según la hipótesis fiscal, se habría montado un falso procedimiento policial para exigir el pago de una supuesta deuda de 35.000 dólares.
Por el hecho fue detenido Eduardo Marcelo Del Favero, quien se desempeñaba como prosecretario de la Oficina de Gestión Judicial. También quedó bajo investigación un efectivo policial que prestaba servicios en el Palacio de Tribunales. Ambos habían recibido prisión preventiva por 30 días.
La causa tuvo posteriormente una nueva derivación cuando Rocío G., de 32 años, se presentó voluntariamente en Fiscalía, acompañada por su abogado José María Silvela. Fue imputada en libertad como presunta partícipe secundaria de extorsión en grado de tentativa.
La defensa pidió la libertad con medidas alternativas
Durante la audiencia, el defensor Federico Scarinci solicitó que se revisaran las prisiones preventivas. Su argumento central fue que los avances de la investigación habían modificado las circunstancias que originalmente justificaron las detenciones.
En particular, sostuvo que uno de los motivos invocados por la Fiscalía había sido la necesidad de localizar a una tercera persona que podría haber participado del episodio. Sin embargo, esa mujer finalmente se presentó ante la Justicia, fue imputada y permaneció en libertad.
Para Scarinci, esa circunstancia debía ser considerada al evaluar la actualidad de los riesgos procesales. También cuestionó que la Fiscalía pretendiera mantener detenidos a sus defendidos mientras otra persona imputada por el mismo delito podía continuar el proceso en libertad.
El abogado propuso que Del Favero fijara domicilio en la ciudad de Santa Fe, bajo la guarda de su tío. Además, ofreció una caución personal de 30 millones de pesos, presentaciones semanales ante una dependencia policial y la prohibición de mantener contacto con la denunciante.
Para el efectivo policial propuso que quedara bajo la responsabilidad de su pareja con presentaciones periódicas y las mismas restricciones de contacto e ingreso a Rafaela.
Peluca, cámaras y conversaciones: los argumentos de la Fiscalía
La fiscal Fabiana Bertero rechazó el planteo y solicitó mantener las prisiones preventivas por otros 30 días.
La representante del Ministerio Público sostuvo que las detenciones no habían sido dispuestas únicamente para encontrar a la tercera involucrada, sino también para evitar que los imputados pudieran interferir en la investigación aprovechando sus conocimientos y funciones.
Bertero cuestionó la comparación entre la situación de Rocío G. y la de los otros acusados. Explicó que uno de ellos es un funcionario policial que habría utilizado su posición y sus conocimientos funcionales para colaborar en una maniobra extorsiva, mientras que la mujer no tenía esa misma responsabilidad institucional.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la declaración de Rocío G. Según relató la fiscal, Del Favero le habría pedido que utilizara una peluca para disimular su identidad durante el procedimiento y que buscara transitar por sectores que constituyeran puntos ciegos de las cámaras de vigilancia.
Para la Fiscalía, esos detalles evidencian una planificación destinada a dificultar la identificación de los participantes y constituyen indicadores concretos del riesgo de entorpecimiento probatorio.
Bertero también mencionó conversaciones entre Rocío G. y Del Favero que, según sostuvo, fueron recuperadas a partir del teléfono secuestrado. En esos mensajes aparecerían coordinaciones previas al episodio y referencias a un pago de 100.000 pesos que la mujer habría recibido como remuneración por el trabajo para el que fue convocada.
La fiscal agregó que en las conversaciones también habría pedidos de Rocío Gómez para que Del Favero, aprovechando su condición de funcionario judicial, realizara averiguaciones o intercediera en cuestiones vinculadas con juicios laborales.
Otro dato importante fue la referencia a una cuarta persona. Según la declaración de la mujer, los cuatro participantes se habrían reunido en el departamento de Del Favero y luego se trasladaron en un automóvil negro. El vehículo habría sido detectado por cámaras de videovigilancia. La mujer identificó al conductor como Martín, aunque dijo desconocer su apellido.
Para Bertero, identificar y localizar a esa persona era una de las razones por las cuales debían continuar vigentes las medidas cautelares.
El denunciante pidió que continuaran detenidos, pero ya sin representación legal
Durante la audiencia también habló el denunciante, quien manifestó su preocupación por la posibilidad de que los imputados recuperaran la libertad mientras continúa la investigación. Esta vez no pudo participar como querellante ya que su abogado Carlos Farías Demaldé renunció a su representación legal argumentando motivos personales.
El denunciante contó que había intentado acercarse al tío de Del Favero para buscar una solución pacífica que le garantizara que no habría nuevas molestias hacia su familia. Sin embargo, expresó que no había recibido ninguna propuesta ni respuesta para abrir una instancia de diálogo.
El denunciante pidió que se mantuvieran las prisiones preventivas porque consideraba que era la medida que mayor tranquilidad le brindaba a su entorno familiar. También señaló que la investigación continuaba en curso y que todavía existían personas involucradas que podían verse alcanzadas por las actuaciones judiciales.
Estevez dispuso la libertad con restricciones
Al fundamentar su decisión, el juez José Luis Estevez consideró que el escenario procesal había cambiado respecto del momento en que se dictaron las prisiones preventivas.
El magistrado recordó que inicialmente había tenido en cuenta la condición de agentes públicos de los imputados y los conocimientos que ambos tenían sobre el funcionamiento de los procedimientos judiciales. Por sus funciones en el ámbito policial y en la Oficina de Gestión Judicial, entendió que podían contar con herramientas para interferir en la investigación.
Sin embargo, consideró que algunos de los motivos iniciales habían perdido actualidad, particularmente luego de la presentación de Rocío G.
Respecto del riesgo de fuga, Estevez entendió que las condiciones personales de los imputados y la calificación legal provisoria del hecho, como extorsión en grado de tentativa (que tiene una pena baja), permitían considerar suficientes las medidas alternativas ofrecidas por la defensa.
El juez también tomó en consideración la necesidad de mantener alejados a los acusados de las víctimas y de su entorno familiar.
En ese sentido, anunció una restricción adicional para Del Favero y el efectivo policial: no podrán volver a prestar servicios en la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela.
De esta manera, el magistrado hizo lugar al planteo defensivo y dispuso que Del Favero y el efectivo policial recuperen la libertad bajo las condiciones y restricciones establecidas judicialmente.
