Intendentes electos que asumirán sus cargos mañana en distintas localidades del sur santafesino tendrán que ingeniárselas para hacer frente al pago de obligaciones salariales y deudas millonarias que heredarán de gobiernos de otros signos políticos que culminan sus mandatos.

Tal es el caso de los futuros mandatarios locales Andrés Golosetti, de Casilda; Rolvider Santacroce, de Funes; y Miguel Vázquez, de Carcarañá, quienes representan la vuelta del peronismo a esas ciudades cercanas, aunque de diferentes departamentos, con el desafió de revertir la crítica situación y satisfacer demandas, especialmente en materia de obras y servicios públicos.

El escenario más complejo se presenta en el municipio carcarañense donde la nueva gestión arrancará en medio de un conflicto por reclamos salariales, excepto que la aún intendenta del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Verónica Schuager, pague los haberes del mes pasado y los empleados levanten el paro que iniciarán hoy, algo que difícilmente ocurra.

No menos complicada es la situación en el municipio de Funes donde el actual intendente de Cambiemos, León Barreto, dejaría una deuda de unos 350 millones de pesos. Al menos eso es lo que estima recibir Santacroce, el nuevo mandatario peronista que tomará las riendas de la administración local con la expectativa de sacarla a flote. Si bien buscará asistencia financiera para afrontar compromisos salariales también confía en generar recursos por medio de una moratoria que se pondrá en marcha por única vez para regularizar deudas por Tasa General de Inmuebles (TGI), sin la aplicación de intereses y con un descuento del 15 por ciento sobre lo adeudado.

En tanto, el municipio de Casilda no es la excepción ya que el intendente radical del FPCy S, Juan José Sarasola, dejaría al gobierno justicialista que conducirá Golosetti un pasivo contable de 80 millones de pesos, incluyendo el porcentaje que corresponde de los salarios de este mes y aguinaldo. Pero ese monto casi se duplicaría si se suma una deuda de unos 70 millones de pesos que registra la empresa Sapem, que presta en esta ciudad cabecera de departamento Caseros los servicios de gas natural y recolección de residuos y cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del Estado municipal. La semana pasada la distribuidora Litoral Gas le trabó un embargo sobre sus cuentas bancarias por unos 30 millones de pesos a causa de incumplimientos de pago.