RAFAELA NOTICIAS alertó, en una nota publicada el pasado domingo, sobre una nueva modalidad delictiva, que incluía el llamado a familiares de personas privadas de su libertad, invocando ser representantes del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía, o Juzgado, y prometiendo beneficios excarcelatorios a través de algún tipo de pago. Este alerta llegó a RAFAELA NOTICIAS a través de calificadas fuentes del Poder Judicial, que conocen la penetración de este medio en la comunidad y la responsabilidad con que se tratan en este portal los temas judiciales y vinculados con la justicia penal.
Como suele suceder en los casos de estafas telefónicas, la persona que llama lo hace acosando a la víctima con plazos perentorios. En este caso, el llamado se hace a familiares de personas que están detenidas en la Alcaidía, lo que revela algo preocupante: quienes efectúan la maniobra tienen datos sobre las personas alojadas en la Alcaidía.
Lo sugestivo es que en esta misma semana, familiares que concurrieron a visitar a internos se encontraron con que les solicitaron dateos personales, incluidos sus números de teléfono. Algo que puede resultar lógico y habitual, pero en el contexto de estas estafas que ya han motivado la preocupación de funcionarios de la Justicia, es al menos llamativo.
La maniobra en sí no deja de resultar burda. Invocando una supuesta reforma "constitucional" o a los "códigos procesales", quienes se hacen pasar por funcionarios dicen representar a "la Fiscalía" y ofrecer beneficios excarcelatorios. Urgentes, los beneficios. "Porque la Alcaidía está sobrepoblada y se van a hacer traslados a las penitenciarías de la provincia", avisan. La "oferta" es una presión para los familiares: se sabe que más allá de las condiciones de alojamiento precarias que tiene la Alcaidía, a los familiares les preocupa que sus hermanos, hijos o parientes privados de libertad sean llevados a un penal lejos de la ciudad, donde convivirían con convictos de toda especie. Como la Alcaidía efectivamente está sobrepoblada y ya se han realizado operativos de traslado de muchos detenidos con prisión preventiva hacia cárceles provinciales, el anzuelo y la carnada son consistentes.
En los llamados, los estafadores "apuran" a las víctimas exigiendo una respuesta. Cuando éstas -que en general derivan todos los trámites judiciales a los abogados defensores, sean éstos privados o del servicio público de defensa penal- contestan que van a pasar personalmente por Tribunales o piden que el "funcionario" se comunique con el abogado, el estafador, percibiendo que no va a poder obtener "la fianza" que pretende le transfieran- va sin medias tintas: "bueno, irá al traslado al penal entonces, ya lo suben al transporte".
El tema está generando mucha preocupación entre los integrantes del Poder Judicial, porque a veces en los intentos de estafa se involucran nombres de jueces, fiscales y funcionarios que nada tienen que ver con este tipo de maniobras. Y también falta descubrir cómo los estafadores cuentan con información reservada sobre los familiares de los detenidos.
