Desde el momento en que se conocieron detalles periodísticos relacionados a un procedimiento policial en un local del bulevar Lehmann, días atrás, teniendo como protagonistas (entre otros) al concejal Luis Telesco y a la fiscal Cristina Fortunato, ambos tuvieron oportunidad de decir lo suyo -al respecto- ante la prensa.

En esta oportunidad La Opinión requirió el punto de vista del comisario inspector Daniel Alcaraz, jefe de la Unidad Regional V de Policía, quien respondió lo siguiente:

-En la mañana del pasado lunes en reunión de integrantes del Concejo, el edil Luis Telesco dijo que el jueves anterior, a poco de culminar una reunión de dicho organismo le avisó al jefe de la Policía local sobre que pedía un allanamiento o cierre de un garito clandestino en el bulevar Lehmann en la jornada del viernes, y que de su parte escuchó que se iba a dedicar a dicho tema "la semana que viene". ¿Asi sucedió?

-El concejal Telesco efectivamente me llamó en la noche del jueves, luego de la sesión del Concejo en la que efectuó la denuncia. Le expliqué que para realizar un allanamiento la Policía tiene que concurrir al lugar con la orden del juez competente, en este caso Fernando Ferrer. En ese momento le plantee claramente al ingeniero Telesco que la Policía tiene que ejecutar sus procedimientos respetando una serie de pautas que tienen en cuenta muchos factores, desde la disponibilidad de recursos hasta el hecho fundamental de que la Policía debe actuar como auxiliar de la Justicia, proveyéndola de la mayor cantidad de elementos de prueba y evidencias que se requieren para lograr una acción efectiva de la Justicia. Así actuamos en el caso del casino hallado en un predio ubicado a la vera de la ruta 34: entregamos todo a la Justicia, con pruebas que consideramos contundentes. Es así que en toda investigación que se inicia se requieren acciones metódicas y sistemáticas, encuadradas en el debido proceso y conforme a derecho.

Evidentemente esos procedimientos están en desconocimiento del concejal, que no tiene por qué conocerlos, y por eso él consideró necesario actuar como lo hizo. En lo personal, me parece que el edil de referencia debería saber que antes de realizar una denuncia pública de la que puede alertar a infractores de las leyes debe interiorizarse sobre qué es lo que corresponde hacer para preservar las pruebas y evidencias. Eso es lo que le expliqué a Telesco con toda la claridad que pude. Nosotros estamos en contacto con el ciudadano en forma permanente: vamos a los barrios, escuchamos a los presidentes de las Vecinales, participamos del Consejo de Seguridad. Creáme que las preocupaciones que nos transmiten los vecinos apuntan a preservar la seguridad de bienes y personas, evitar los arrebatos, esclarecer los robos que pueden cometerse, garantizar que se puede circular por cualquier punto de la ciudad sin temores, combatir a los que comercializan droga. En eso nos enfocamos con todo nuestro esfuerzo y los recursos con que contamos. Todo ello se encuentra plasmado en la tapa del matutino en el que usted trabaja, donde se menciona claramente que la mayor preocupación de la comunidad en materia de delitos es el arrebato y la droga - conforme a una encuesta realizada por la Municipalidad de Rafaela-, sobre seguridad ciudadana.

-En su momento se atribuyó a la fiscal Cristina Fortunato haber dicho que arribó a la Guardia de la Jefatura de Policía en busca de ayuda para un procedimiento, y que como respuesta obtuvo "la gente está trabajando afectada a otras tareas". Si esto fue así, ¿corresponde alguna medida administrativa?

-Corresponde hacer lo que hemos hecho, es decir, abrir un sumario interno para conocer qué funcionario policial le dio esa respuesta, si realmente existió, y además qué razones invoca ese funcionario para dar tal respuesta. Todo esto quedará dilucidado a través de la instrucción del sumario correspondiente, que ya hemos iniciado para deslindar responsabilidades.

-El pasado jueves a la noche Luis Telesco, en reunión del Concejo, especuló con que "más de una vez se ha visto connivencia de la Policía con casos de contravenciones", al tiempo que deslizó cierta sospecha sobre algún "posible caso de comisiones". Los dichos pueden interpretarse como un pensamiento sobre situaciones del pasado, pero también del presente, porque no existe claridad absoluta en cuanto a si si refiere al ayer o el hoy, sobre todo en lo referido a "pase de comisiones". ¿Tiene algún comentario al respecto?

-Si, entiendo bien lo que quiere preguntarme. Usted infiere que el concejal Telesco ha denunciado alguna supuesta protección policial para los casos de contravenciones a cambio de comisiones. Si el concejal o cualquier otro ciudadano tienen semejante sospecha, es su obligación inexcusable radicar la denuncia en la Justicia y eventualmente ofrecer los elementos de prueba concretos. Nosotros siempre estamos a disposición de la Justicia para colaborar en cualquier investigación que se inicie, y lo mismo sucede con el trabajo que realiza la División de Asuntos Internos. No nos parece correcto que las denuncias se hagan en los medios de comunicación o en ámbitos extraños a los tribunales competentes, exponiendo la honorabilidad de terceras personas sin que se ofrezcan las pruebas correspondientes. El concejal Telesco incumpliría con sus deberes de funcionario público si tuviera conocimiento de tales situaciones y no las denunciara ante la Justicia. Telesco, o cualquier concejal, no solo son ciudadanos sino funcionarios públicos con deberes y responsabilidades concretas en estos casos.

-Entre la información suministrada desde Relaciones Policiales se dio a conocer el caso de una "Llamada maliciosa", señalándose que en el 911 se recibió una llamada sobre un accidente en Lehmann y Bolívar, comprobándose que no existió, y que a media cuadra una fiscal llevaba a cabo un procedimiento. Además, se destacó que se iniciaron actuaciones por una infracción al Código de Faltas de la Provincia, en lo atinente a "Empleo de llamada maliciosa". ¿Podría usted brindar mayores detalles al respecto?

-Hubo una llamada al 911, que como usted sabe activa una serie de mecanismos de respuesta que el Estado ofrece a los ciudadanos. Esa llamada mencionó la existencia de un accidente con víctimas fatales en proximidades del lugar donde se concretaba el episodio que usted cita. Por consiguiente, ese llamado obligó a activar no sólo la respuesta policial, sino también la de servicios de atención de emergencias como el 107, con el movimiento consabido de ambulancias hacia el lugar de la falsa alarma. No necesito explicarle que ante la gravedad del mensaje recibido se le asignó la máxima prioridad a ese movimiento. Le traslado una pregunta: ¿qué hubiera pasado si en ese momento se producía un accidente de verdad en otro lugar de la ciudad y se requería también la presencia de ambulancias y servicios de emergencia? Y le hago otra pregunta: ¿qué sucedía si en la urgencia por atender ese llamado la ambulancia destacada al lugar sufría un accidente real? Se trata de una irresponsabilidad mayúscula que bien pudo producir una desgracia. Frente a esta situación, y porque una de las premisas que emana de la superioridad es enfocar nuestro trabajo a darle la máxima eficiencia al servicio 911, y la mayor seriedad a la respuesta que se le ofrece a los ciudadanos, tengo la obligación de realizar la denuncia correspondiente para que la justicia tome cartas en el asunto y evalúe la sanción que corresponde aplicar al autor de tal llamada maliciosa. Esta es una figura contemplada en las normas vigentes y penada por la ley. Por razones obvias no le voy a decir el nombre de la persona que efectuó el llamado, pero lo dejo librado a su sagacidad como periodista.