El 28 de julio, la ciudad quedaba conmocionada luego de que Rafaela Noticias publicara el aberrante caso en el cual la víctima fue una menor de 7 años. 

La niña, había sido abusada en los baños del Colegio San José y a partir de allí, la cuidad se movilizó pidiendo Justicia.

Ese mismo 28, cerca del mediodía, un grupo de padres se acercó hasta el colegio en busca de respuestas. Fue el Dr. Alejandro Bonnet quien intentó responder a las exigencias, en carácter de letrado de la Institución y declaró que, desde el colegio no tenían identificado al abusador pero que “las cámaras (de seguridad) ya se vieron y es la Justicia quien resolverá". 

Sin embargo, con el correr de los días, se supo que las famosas imágenes sólo se guardaron 24 horas, por lo que se sospechaba que, en el ínterin y los tiempos de acción de la Fiscalía, se habían perdido pruebas fundamentales para la causa. 

Ese dato incluso habría sido el detonante para que la Dra. Ángela Capitanio sea desplazada de la investigación y en su lugar sea nombrada la Dra. Flavia Burella, quien habría (siempre en potencial porque nunca fue confirmado oficialmente) ordenado nuevas pericias sobre los equipos informáticos para intentar recuperar esas imágenes. 

A la vorágine de esos días, se le sumó el condimento de una serie de reuniones dentro del Ministerio Público de la Acusación donde se habría dado marcha atrás parcialmente con la decisión de remover a la Dra. Capitanio, sino que seguiría vinculada a la investigación, pero con la asistencia de la Dra. Burella.

A 11 días del hecho que conmocionó a la ciudad y la región, finalmente desde el Obispado dieron a conocer un comunicado en relación a la situación, donde aseguraban que estaban colaborando “desde un primer momento”, tanto al MPA como al Ministerio de Educación. Sin embargo, ese fue el único y último comunicado que emitieron desde la entidad máxima de la Iglesia diocesana. A partir de allí, todo fue silencio. 

En el devenir de la causa, mientras el caso perdía estado público y la comunidad movilizada en un principio quedaba reducida a la familia y organizaciones de mujeres, a principios de agosto del 2021 se conocía la renuncia de los Dres. Carlos Farías Demalde y José María Silvela a la representación legal de la familia de la menor.  

Eso generó un cruce de ratificaciones y rectificaciones entre las partes, donde unos acusaban a la dupla de letrados de haber sido “comprados” por el Obispado. Cosa que luego fue desmentida por la propia mama de la niña abusada públicamente.   

En septiembre, el caso tomó nuevamente relevancia al conocerse que las Dras. Lorena Adorati, Guillermo Munne y Paula Condrac asumían la querella en representación de la familia. 

Con ellas, la causa volvió a tomar impulso al publicarse una solicitada donde se expresaban en duros términos contra la Fiscalía, denunciando que las fiscales actuaron “obstaculizando en el acceso a la justicia de la niña víctima, actuando en forma cruel, sin perspectiva de género, ejerciendo violencia institucional”.

Sin embargo, el “manto de impunidad” que denunciaba el equipo de defensores de la familia sigue todavía sobrevolando en la ciudad. Al cumplirse el año de este lamentable episodio, el silencio que se cierne sobre e caso es ensordecedor. Y en el medio, una niña sigue reclamando Justica.

 Abuso en el Colegio San José: La Fiscalía habría introducido una declaración falsa para desviar la investigación:  Así lo denunciaron desde el equipo legal de la familia. Ante la prensa, a través de una conferencia, aseveraron que “todas las puertas permanecieron hermética, sistemática y corporativamente cerradas para la niña víctima”.