En la tarde noche de este miércoles, el equipo legal de la Querella del caso de la niña abusada en el Colegio San José, brindó una conferencia de prensa donde denunciaron “hechos con apariencia de delito” que se perpetraron contra la investigación que se lleva adelante para esclarecer lo sucedido. 

Con la presencia de las Dra. Paula Condrac, Lorena Adorati y Guillermo Muné, el papá y la mamá de la niña abusada arremetieron contra las Fiscales Ángela Capitanio, Flavia Burella, Gustavo Bumaguin y el Fiscal Regional Diego Vigo. 

De acuerdo su relato, la Fiscalía introdujo la falsa declaración de una pediatra para “evaporar” el delito cometido en los baños de la institución educativa y, además, basándose en ese testimonio médico, quisieron hacer renunciar al equipo legal. 

La maniobra, según expusieron, comenzó el 31 de octubre del 2021, cuando la profesional declaró que había revisado ginecológicamente a la niña 20 días antes de que ocurriera el abuso y había constado la presencia de lesiones autoinflingidas en la vagina, “producto de la caída sobre un palo o conductas masturbatorias”.

Para el equipo legal, el diagnostico emitido era exactamente el mismo que había firmado un reconocido ginecólogo de la ciudad el mismo día del abuso, por lo que aseveraron que el testimonio había sido “plantado”. 

Para semejante acusación, la Querella exhibió a la prensa la receta firmada por la pediatra, donde no sólo no aparecen las lesiones en la vagina, sino que reduce el cuadro médico a una gastroenteritis.   

Este episodio desencadenó una serie de presentaciones ante los distintos estamentos del Ministerio Público de la Acusación, para que se profundice lo ocurrido secuestrando el teléfono de la médica y e investigando una supuesta maniobra de encubrimiento. 

Esos pedidos, que fueron primero a las fiscales a cargo de la investigación y luego al Fiscal Regional Diego Vigo, a Jorge Baclini Fiscal General y ante Cecilia Vranisich, Auditora Gral. de Gestión del MPA, fueron desestimados.      

Incluso revelaron que se recurrió a la Jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato que, si bien en un primer momento había tenido una resolución favorable, ante una presentación de la Fiscal Burella, volvió sobre sus pasos y revocó su propio fallo.            

Pese a estos rechazos, se recurrió a la Cámara de Apelación Penal de Rafaela, donde el camarista Cristian Fiz dejó en claro que, ante la negativa de investigar a la pediatra, la familia podía denunciar el caso ante otro fiscal e iniciar otra causa. 

Esa responsabilidad recayó en el Dr. Gustavo Bumaguín, quien, según manifestó la Querella, sin ninguna diligencia practicada, ordenó el archivo de la causa contra la médica. 

Ante todo este episodio, los abogados que representan a la niña sostuvieron que, “simular que no existe una prueba trascendente ya incorporada es máxima arbitrariedad y denegación del servicio de justicia”. 

Además, le achacaron al MPA “mantenerse con las prácticas más cuestionables y lamentables, con arbitrariedades peores de las que vino a evitar”. 

Asimismo, los abogados denunciaron que, las acciones de la fiscalía, primero al “blindarse” en la negativa de no investigar a la médica y profundizar en el esclarecimiento del abuso y luego en ejercer una “mayúscula y cruel violencia institucional”, significaron una revictimización de la niña y su familia.   

A pocas horas de cumplirse un año del abuso en el Colegio San José, desde la familia aseguraron sentirse desprotegidos “ya no sabemos en quien confiar” y agregaron que “todas las infancias de Rafaela están en peligro”.