La justicia por mano propia es un fenómeno que ocurre cuando los ciudadanos toman la ley en sus propias manos en ausencia o falta de acción por parte del Estado para controlar la seguridad. En casos como el ocurrido recientemente en Rafaela, donde un vecino embistió a un ladrón en su intento de escape, se plantea la pregunta de hasta qué punto es justificable y ético que los individuos tomen medidas extremas para protegerse y hacer cumplir la ley.
Cuando el Estado no cumple con su rol de controlar la seguridad, como en este caso particular, algunos argumentan que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de actuar para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. La falta de respuesta por parte de las autoridades puede generar un sentimiento de impotencia y frustración en la población, llevándolos a tomar acciones drásticas para buscar justicia por sus propias manos.
Sin embargo, es importante considerar las implicaciones legales y éticas de la justicia por mano propia. Aunque la intención pueda ser protegerse y mantener el orden, este tipo de acciones pueden llevar a la violencia innecesaria y a la vulneración de los derechos individuales. Además, la falta de entrenamiento y conocimiento legal por parte de los ciudadanos puede resultar en decisiones equivocadas, lo que puede empeorar la situación en lugar de resolverla.
Es fundamental que el Estado cumpla con su deber de controlar la seguridad y brindar protección a sus ciudadanos. La justicia por mano propia no debe ser considerada como una solución a largo plazo, sino como un llamado de atención para que las autoridades retomen su rol y garanticen la seguridad de la comunidad. Es importante fortalecer los sistemas de justicia y mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de mantener el orden público.
La justicia por mano propia es un fenómeno complejo que surge cuando el Estado se retira de su rol de controlar la seguridad. Aunque puede haber situaciones excepcionales en las que los ciudadanos se sientan obligados a actuar, es fundamental buscar soluciones a largo plazo que promuevan un sistema de justicia efectivo y respetuoso de los derechos de una sociedad. La seguridad y el orden público son responsabilidades del Estado y es necesario que cumpla con ellas para evitar que los ciudadanos se vean obligados a tomar medidas extremas.