El Gobierno nacional anunció este jueves que impulsará el "cierre definitivo" del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por ley en 1995, como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei.
"Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.
El funcionario expresó que la medida responde a uno de los "ideales del Presidente", que "es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos".
"No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones", aseguró el vocero presidencial.
Adorni indicó que el Inadi, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es elaborar políticas políticas públicas a nivel federal para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, "tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas" en todo el país.
"Hay un sinfín de institutos que el Presidente está decidido a cerrar o desmantelar. Siempre dijimos que nuestra prioridad era que efectivamente el Estado debía achicarse. El plan de Gobierno achicar los gastos del Estado porque es la única herramienta para bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia", comentó Adorni.
El vocero presidencial aclaró que el cierre del Inadi no será inmediato, y sostuvo: "Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos, (el cierre de los institutos) será por decreto y en otros, bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto", detalló.
La intervención del organismo
El anuncio oficial se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga al frente del organismo.
La medida fue oficializada este miércoles por medio del decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.
El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por medio de la Ley 24.515 y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.
Al comienzo funcionó en el ámbito del Ministerio del Interior, pero luego fue traspasado a la órbita del de Justicia y Derechos Humanos.
Los trabajadores del Inadi habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara el organismo.
"El funcionamiento del Inadi tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió; el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional", dijeron en la petición y destacaron que desde el año 1997 el organismo "ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación".
Reacciones
Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención del Instituto entre enero y diciembre de 2023, recordó que el Instituto fue creado "luego de los dos grandes atentados terroristas" sufridos en el país y que tuvieron como blanco la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994. ataques que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos.
Pena, en declaraciones al canal C5N, mencionó que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas que el Gobierno presentó como parte de la llamada Ley Bases, cuyo tratamiento en particular fracasó en la Cámara de Diputados semanas atrás, y afirmó que "para cerrarlo es necesario derogar la ley".
Por su parte, Victoria Donda, exinterventora del organismo, destacó en declaraciones al diario Perfil que, si pretende cerrar el Instituto, el Gobierno "debería recurrir a otra Ley si es que cree un poquito en la democracia".
En el mismo sentido, el diputado nacional Esteban Paulon, del Partido Socialista de Santa Fe, indicó que "el Gobierno no puede tomar unilateralmente" la decisión de cerrarlo si no es por medio de una Ley, e instó a que las "organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible".
