El Departamento Ejecutivo Municipal salió rápidamente al cruce del pedido de informes elevado por el bloque justicialista en el Concejo, en el que se pedían explicaciones sobre un supuesto conflicto de intereses en que habría incurrido el subsecretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa, por haber pedido factibilidad para instalar un comercio dedicado a la venta de artículos eléctricos. El justicialismo relacionó ese pedido con la posibilidad de que Aversa pudiera convertirse en proveedor del municipio en un rubro sobre el cual la oposición vino fustigando en las ùltimas semanas al gobierno municipal, por el mecanismo elegido para las compras de luminarias led.
Lo cierto es que apenas ingresado el pedido de informes el Ejecutivo preparó una respuesta documentada. Así, remitió copias de constancias de AFIP y de la actual ARCA (organismo que reemplazó a la AFIP) en las que se indica que Aversa nunca facturó en ese rubro, y también que dio de baja su CUIT correspondiente.
No obstante, en la respuesta que se enviará a la minuta de comunicación se dejará aclarado otro tema: aún cuando Aversa o cualquier otro funcionario pudiera poseer una empresa privada de cualquier rubro, ésta no podría presrtar servicios, ser contratista o vender algún tipo de bien al Estado local por el simple hecho de que ningún funcionario puede ser a la vez proveedor del municipio. El simple cruce de CUIT con la base de datos del municipio y de los organismos fiscales tornaría inválida esa posibilidad.
