El bloque justicialista quiere volver a la carga con uno de los temas que más le duelen a cualquier intendente en ejercicio del gobierno municipal: la discusión sobre los aumentos de las cargas que se le cobran a los vecinos. En Rafaela, la cuestión está saldada desde el punto de vista de lo formal: desde diciembre, la mayoría del actual oficialismo en el Concejo Municipal facultó al Departamento Ejecutivo para aplicar actualizaciones cuatrimestrales en el valor de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal), sobre la cual se calcula la totalidad de las tasas y derechos que percibe el municipio, desde la Tasa General de Inmuebles hasta el Derecho de Cementerio y los valores del estacionamiento controlado.
El primer incremento con la fórmula polinómica automática -cuya aplicación matemática quita cualquier posibilidad de que el Concejo haga correcciones con criterios políticos, como sucedió hasta diciembre último- produjo un salto del 95% aproximadamente en los valores nominales, y el segundo aumento, aplicado a partir de mayo, fue de otro 60%, aproximadamente. Entre las dos “puntas”-diciembre 2023/mayo 2024-, el aumento real en el bolsillo, acumulado, fue de 210% aproximadamente.
Naturalmente, el oficialismo quiere seguir aprovechando esa actualización automática, que le evita el costo político de una discusión permanente sobre los valores de las tasas y derechos municipales. Dispone de una mayoría automática que le garantiza los votos y lo pone a salvo de cualquier intento opositor serio de revertir el “statu quo” ya definido. Pero igualmente los concejales opositores no quieren perder la ocasión, en vísperas de otra actualización -tiene que hacerse en agosto, para ser puesta al cobro a partir del 1 de septiembre- de poner el tema en discusión “en la pública”, como dicen. De paso, buscan generar alguna incomodidad en el perfil de algunos de los ediles del actual oficialismo que no se sienten en su zona de confort cuando tienen que defender medidas que hace unos meses cuestionaban enfáticamente con argumentos parecidos a los que ahora tiene el justicialismo.
En un comunicado que hicieron público tras la presentación del proyecto, la oposición sostuvo que la aplicación de la fórmula polinómica en forma automática le permitió al intendente Viotti “aplicar un aumento superior al 210% mientras que en el mismo período la inflación que mide el INDEC alcanzó un número inferior al 80%”.
Ahorros cuestionados
“Este desfasaje entre lo que aumentaron los impuestos y lo que aumentaron los costos, le permitió a la Municipalidad ahorrar en tan solo cuatro meses más de 2.600 millones de pesos, así lo deja en claro los cuadros de ejecución presupuestaria disponibles hasta el momento. Es el monto que se autorizó para la compra directa de vehículos y reequipamiento que solicitaron aplicar hasta mayo del año que viene. Y eso sólo con el aumento de enero, recordemos que en mayo la tasa municipal y todos los impuestos locales sumaron otro 95% más, se duplicaron”, expresó el concejal Juan Senn en esa comunicación que se distribuyó a los medios.
Soltermam también hizo hincapié en el aumento del boleto de transporte público. “Es otro golpe más para los trabajadores. No olvidemos que cada modificación de la UCM impacta en todos los impuestos, por ejemplo la tasa de inmuebles que llega a cada hogar rafaelino sin importar la situación que atraviesa la familia”.
Soltermam también recordó que “en el mes de julio el municipio aumentó la tarifa plana del transporte urbano de $300 a $1.100 y a $1.200 en agosto”.
“No sólo miramos lo que sucedió para atrás”, expresó el concejal Racca. “También miramos para adelante. Escuchamos al ministro de Economía que nos dice que la inflación se acercará en breve al 0% mensual, el presidente propone quita y baja de impuestos… y esto va totalmente en el camino contrario. No queremos más aumentos hasta que no aparezcan las obras, como la de pavimento que no hay ni noticias”, continuó. En este sentido, los concejales presentaron la semana pasada una minuta de comunicación para conocer el estado de avance administrativo que tiene el plan de pavimentación de 152 cuadras aprobado en 2023 por ordenanza municipal y que aún hoy no se ha iniciado, ni se iniciará, debido a la incertidumbre y los altísimos costos que supone la ejecución de obras de este tipo, que deben solventarse con el dinero de los propios vecinos.