También participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Jorge Maina; el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Fernando Muriel; la secretaria de Desarrollo Social, Ana Theler; el coordinador de Prevención en Seguridad, Juan Mondino, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, José Luis Rossetto.

La preocupación planteada por el intendente giró en torno a las condiciones de inseguridad a la que se hayan expuestos los menores que circulan en zonas de alto tránsito, como por ejemplo determinadas esquinas semaforizadas, incluso en horarios nocturnos, como así también en otros sectores como bancos, comercios, etc., donde corren riesgo de sufrir accidentes u otras circunstancias perjudiciales.

Si bien se sabe que estos niños están escolarizados y no se encuentran en situación de calle (tienen familiares a cargo y un hogar), sus derechos resultan vulnerados en tanto se encuentran desprotegidos en la vía pública durante largos períodos de tiempo, expuestos a peligros diversos y sin el cuidado de personas adultas que respondan por ellos.

El claro pedido del intendente al ministro fue que los organismos provinciales competentes, como la Delegación de la Subsecretaría de los Derechos del Niño, Adolescente y Familia, u otros de injerencia en esta problemática, intervengan de manera positiva y efectiva, con el objetivo de poner fin a estas condiciones que resultan profundamente contraproducentes para el desarrollo integral de los pequeños.

Cabe destacar que las responsabilidades del municipio al respecto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, es preventiva. En tal sentido, la Municipalidad de Rafaela lleva adelante una importante labor con equipos que acompañan a los padres y familiares en trabajos de concientización acerca del tratamiento y contención hacia los menores; asimismo, desde el Estado local se brinda apoyo y asistencia educativa, de salud, de alimentación, cultural, deportiva, entre otras vías de ayuda social, a través de diversos organismos y programas. Pero todas aquellas acciones de índole legal, como apercibimientos a los mayores, eventuales traslados de menores y otras medidas de intervención directa, son responsabilidad y potestad de estamentos provinciales como el Poder Judicial de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cuentan con dependencias y equipos especialmente designados para cumplir con tales tareas.

Otro de los planteos del intendente Castellano al funcionario provincial, tuvo que ver con el vínculo entre los menores, el delito y el consumo de drogas, que alcanza niveles preocupantes en determinados barrios, donde ciertos liderazgos negativos cooptan la voluntad de los jóvenes sin que llegue la intervención del Estado. En tal sentido, el primer mandatario solicitó una mayor efectividad en el funcionamiento de la mencionada Delegación de los Derechos del Niño, Adolescente y Familia, como así también en las funciones de contención y protección de la Casa del Adolescente y del Hogar de Menores Madres.