La mujer fue muerta de varias puñaladas el 29 de marzo de 2010 en su negocio de cueros de la ciudad de Rafaela.

Por el hecho fueron detenidos Rodolfo Cóceres y su primo Rodrigo Sosa, ambos lavacoches, de 19 y 21 años entonces, quienes habrían ingresado al local para robarle, y para asegurar la impunidad del hecho y no ser reconocidos, la atacaron con un arma blanca, y pese a las heridas, llegó con vida al Hospital de Rafaela, aunque poco tiempo después falleció.

Ahora, la Cámara ordenó al magistrado federal una batería de pruebas que éste desestimó, entre ellas la búsqueda de dos testigos claves: un remisero de Rafaela que trasladó a los autores confesos del homicidio, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, cuando escapaban de la escena del crimen y una mujer que vio a un tercer hombre cerca del lugar, pero nunca fue llamada a declarar ante el juez.

Durante la dictadura cívico militar, Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto y dos meses después de dar testimonio de su martirio, el 29 de marzo de 2010, asesinada de siete puñaladas en un supuesto intento de robo, al que no opuso resistencia.