En una audiencia llevada adelante en la tarde de este lunes en los tribunales locales, Mauro Gorosito, de 25 años, fue condenado a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por cuatro hechos, recibiendo por los mismos las siguientes calificaciones penales: encubrimiento agravado, robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y abuso de arma, violación de domicilio y portación de arma de guerra sin la autorización legal, daño y portación de arma de guerra sin la autorización legal. Todos estos delitos los cometió en Rafaela en el lapso aproximado de un año, desde que se escapó del penal de Coronda violando el régimen de salidas transitorias. Dentro de los hechos que se le imputan y que tuvieron repercusión mediática se encuentra el encubrimiento al asesinato de Cintia Astudillo, quien muere de un disparo el pasado mes de julio. También se lo imputa de haber disparado en la espalda a otro sujeto de apellido Bastida para robarle la moto. En esa ocasión el victimario portaba dos armas de fuego. El título de “pistolero” para el ahora condenado es porque sus disparos podían escucharse a cualquier hora del día en los barrios que se encuentran de avenida Brasil para el norte de la ciudad, con la peligrosidad que ello reviste y ante la preocupación de los vecinos. Al sujeto en cuestión se lo podía ver transitando por la calle constantemente armado.
Celeridad de la condena
Una de las virtudes de este nuevo sistema procesal penal es que hoy existen mecanismos que permiten la rápida resolución de los hechos. En este caso, bajo la acusación del fiscal Dr. Carlos Vottero, se logró una sentencia a tan sólo 3 días de haber sido capturado el delincuente (del viernes al lunes). La condena a 7 años es de cumplimiento efectivo dado que Gorosito tenía antecedentes y contaba con condenas anteriores. Esto se logró por el mecanismo de juicio abreviado que existe actualmente donde el imputado acepta los hechos que la fiscalía le atribuye, la calificación legal de los mismos, la pena y la modalidad de cumplimiento. La jueza a cargo del caso fue la Dra. Cristina Fortunato, mientras que como abogado defensor actuó el Dr. Germán Verna.
