El Sindicato de Trabajadores Judiciales llevó adelante un paro en todas las sedes de la provincia, incluida Rafaela. La medida, que afecta a empleados administrativos, de servicio y maestranza, fue impulsada por el incumplimiento de compromisos, como señaló Lucio Barindelli, referente gremial.
Según Barindelli, los trabajadores no están reclamando aumentos salariales, sino la firma de decretos para cubrir vacantes definitivas, que permanecen sin resolver desde hace más de un año. "Son cargos de personas que se jubilaron y cuyos reemplazos ya concursaron y ganaron legítimamente sus puestos", explicó.
El sindicalista destacó la situación crítica de los ingresantes, quienes, habiendo renunciado a empleos anteriores, aún esperan la firma del decreto del gobernador. "El filtro ya lo hizo la Corte, y el gobernador tiene un plazo legal de 90 días para firmar", agregó, denunciando la injusticia y el impacto en el funcionamiento judicial.
La falta de cobertura de vacantes no solo afecta a los empleados, que deben realizar tareas adicionales, sino también a los ciudadanos, quienes enfrentan demoras prolongadas en la resolución de sus causas. "Es un atropello del poder ejecutivo sobre el judicial", expresó Barindelli, refiriéndose a la falta de diálogo y las medidas judiciales necesarias, como recursos de amparo.
El plan de lucha también busca visibilizar la situación en organismos como la Fiscalía y Defensoría, donde trabajadores judiciales enfrentan similares dificultades. "Este conflicto, sin solución desde hace un año, está afectando la actividad judicial y perjudicando a todos los actores del sistema", concluyó Barindelli.
