Cada vez es más evidente que hay muchos funcionarios políticos que se llenan la boca hablando de la supuesta liviandad de la justicia rafaelina a la hora de tomar medidas con delincuentes que llegan a Tribunales y opinan sin haber concurrido nunca jamás a algunas de las múltiples audiencias que se llevan adelante en Rafaela. Si lo hicieran, quizás entenderían cuáles son los mecanismos que los sistemas procesales vigentes permiten aplicar, no sólo atendiendo al derecho de los imputados, sino al de las propias víctimas. Se enterarían que no todos los delitos tienen la misma tipificación, y conocerían cómo se deben valorar las evidencias presentadas, las expectativas de penas, cómo se tutelan los derechos de las partes y fundamentalmente cómo actúan los fiscales, defensores y jueces cuando se trata de resolver sobre el bien más sagrado que tienen las personas, que es la llibertad.
En el mediodía de este viernes, día de feriado puente, hubo actividad en Tribunales. Como la hubo el jueves, día de la Bandera. Y como suele haberla en sábados y domingos, porque hay plazos legales que respetar. En este caso precisamente se atendió la causa originada en la investigación de algunos delitos menores cometidos por un mismo sujeto, identificado como Fausto Antonio Segovia Garlocha, de 22 años. A priori, se lo imputó por delitos menores: una violación de domicilio, algunos hurtos. Se llevó de distintas viviendas de la zona Norte -principalmente en barrios San José y Mora- herramientas tales como taladros, amoladoras; o elementos como zapatillas e indumentarias.
El fiscal Guillermo Loyola se explayó en los detalles de los hechos ilícitos que se le endilgaron a Segovia. La abogada defensora -del sistema público- Georgina Alassia, argumentó exponiendo dudas sobre la efectiva materialidad de los hechos que se le atribuyeron a su defendido, con alusiones a su condición social -Segovia se define como viviendo en situación de calle- y consumos problemáticos. Loyola insistió en los antecedentes.
Sin embargo, fue la jueza Cristina Fortunato la que en definitiva resolvió. Y dispuso la prisión preventiva sin plazos. Hizo hincapié la magistrada en que "no es la primera vez que Segovia es imputado de distintos hechos". Mirando al acusado le recordó que otros jueces ya le habían dado oportunidades; y que no podía dejar pasar el hecho de que hubiera ingresado a la vivienda de familias trabajadoras que lo sorprendieron robándoles. "Ya se le dieron medidas alternativas (a la prisión preventiva) en otras oportunidades, ya hubo compromisos asumidos que no se cumplieron. ¿Qué avances tuvimos con usted, Segovia? Ninguno, al contrario, tuvimos retrocesos, acá lo tenemos otra vez", mencionó la magistrada. Lógicamente el entrecomillado respeta más el sentido del mensaje que la textualidad de las palabras, pero en eso se basó la magistrada a la hora de dictar su resolución.
Por eso este tipo de crónicas deben contribuir -al menos ese es el sentido que persigue este escrito- a que la comunidad de Rafaela sepa que no es cierto que exista una "puerta giratoria" donde los delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra", como agitan irresponsablemente muchos comentaristas de la realidad que desoyen sus propias responsabilidades. Hay una justicia que actúa, que naturalmente comete errores y que puede tener innumerables deficiencias, que no deben dejar nunca de señalarse, pero que de ningún modo ignora el sentido común. Y que tampoco puede darse el lujo de desconocer lo que mandan las leyes, interpretándolas con el debido respeto a la objetividad que le exige el mismo sistema.
Si hoy la Alcaidía de Rafaela está colapsada en su capacidad de alojamiento no es porque todo el mundo esté de brazos cruzados, sino porque los delitos crecen, en complejidad y variedad. Hay una situación social muy dolorosa que no puede ser obviada; personas en extrema vulnerabilidad -fundamentalmente por adicciones e imposibilidad de atención por falta de centros adecuados-; delitos simples que se reiteran hasta el hartazgo y en esa línea débil deben transitar los diferentes actores del Poder Judicial, a los que les caben las mismas generales de la ley que al resto de los poderes públicos.
Mirar para otro lado y tirarles la responsabilidad a terceros es, con frecuencia, la respuesta más fácil que encuentran algunas personalidades, en todas las épocas. Mejor sería que cada uno haga lo que le corresponde, que haya interacción respetuosa cuando debe haberla, y que la problemática de la inseguridad deje de ser un asunto en que cada uno se lave las manos lo mejor que puede, para darle un criterio más homogéneo a la acción de las políticas públicas que tiendan a devolverle tranquilidad a los honestos.
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