El grupo inmobiliario Spaggiari enfrenta un creciente número de denuncias por estafas, lo que llevó a una ampliación de las acusaciones contra los ocho acusados por asociación ilícita en la ciudad. Las nuevas acusaciones incluyen 23 hechos adicionales, 10 denuncias y montos millonarios en dólares. La imputación de los ocho acusados continuó en la Sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial desde las 8 de la mañana de este sábado. La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Completos del Ministerio Público de la Acusación, con el Dr. Guillermo Loyola a cargo de la representación, y bajo la supervisión del juez IPP Gustavo Bumaguin. La imputación fue ampliada a partir de lo realizado el miércoles pasado. Hasta ese momento, se habían identificado más de 150 casos, con 76 denunciantes y pérdidas que superaban el millón y medio de dólares. Es importante destacar, que las denuncias aumentaron significativamente después de los allanamientos realizados a principios de la pasada semana y se aguarda que sigan aumentando en los próximos días. En esta audiencia de sábado, se incorporaron nuevas denuncias y casos a la imputación, aumentando el número inicial a 173 hechos, con 85 denuncias y pérdidas millonarias. Luego de que el representante del Ministerio Público de la Acusación presentara los nuevos hechos, el juez permitió a las víctimas presentes dar su testimonio. Una de las víctimas expresó: "En una reunión privada estuve con Matías S. y Fernando S., quienes me dijeron que no estaban dispuestos a desinvertir para devolverme mi capital, a pesar de que construyeron su fortuna con nuestros fondos, sacrificio y ahorros de toda una vida". Entre lágrimas, la víctima continuó: "Necesitábamos el dinero porque mi hijo iba a una operación. En abril, teníamos la fecha programada y pedimos que nos devolvieran el dinero. No sólo carecieron de empatía, sino que nos enviaron a un estudio jurídico para intentar hacernos firmar otro contrato". La víctima concluyó su declaración con un llamado al juez: "Le pido, señor juez, que se imponga una pena ejemplar, porque nos han robado nuestros sueños. Queremos que paguen por lo que han hecho y que nos devuelvan nuestro dinero".

CAUTELAR:

Después de un breve receso, la audiencia de medidas cautelares comenzó en la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela. El fiscal Guillermo Loyola anticipó que solicitará la prisión preventiva de los acusados. El fiscal ha fundamentado su solicitud de prisión preventiva en base a los siguientes argumentos: Aunque la asociación ilícita conlleva una pena de 5 a 10 años, es importante recordar que en este caso estamos tratando con acusados que han causado daños irreparables. Las víctimas han sufrido profundamente, algunas requieren asistencia psicológica, y otras han enfrentado problemas de salud graves, como ataques al corazón. Además, estas personas se han visto privadas de sus ahorros y de los sueños que habían depositado en sus inversiones. El fiscal también subrayó que en ninguno de los allanamientos realizados se ha encontrado documentación relacionada con los ahorristas o la actividad de la empresa. Esto sugiere que los acusados han ocultado deliberadamente esta información en los últimos meses, lo que refuerza la sospecha de que han estado involucrados en actividades fraudulentas y engañosas. Además, se ha hecho mención a posibles amenazas dirigidas a quienes se atrevieron a denunciar estos hechos. Estos argumentos, manifestó el fiscal que apuntan a la gravedad de la situación y a la necesidad de tomar medidas cautelares, como la prisión preventiva, para garantizar que los acusados no eludan la justicia y que se puedan llevar a cabo las investigaciones pertinentes. "Las víctimas merecen justicia y reparación, y es esencial asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones" cerró.

DEFENSA DE LOS ACUSADOS:

El Dr. José María Silvela, ha planteado una serie de argumentos en contra de las acusaciones formuladas por el fiscal en el proceso legal en curso. "El fiscal había alegado que los acusados estaban involucrados en maniobras fraudulentas sin proporcionar detalles precisos sobre las acciones en cuestión y cuándo ocurrieron", comenzó. Silvela señaló que el fiscal hizo referencia a la existencia de contratos de mutuos dinerarios en los que las víctimas estaban obligadas a entregar sumas de dinero en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, en beneficio de la supuesta asociación ilícita. Sin embargo, Silvela argumentó que, según la normativa vigente, un contrato de mutuo implica que una parte entrega una cantidad de bienes que la otra parte está autorizada a consumir. En otras palabras, se trata de un acuerdo voluntario en el que el prestamista actúa con discernimiento y libre albedrío al entregar el dinero. Silvela sugirió que la cuestión de si se estaba ante un tipo de contrato o no, debería discutirse en otro ámbito y no en un proceso penal. Además, afirmó que muchas de las personas que se consideran víctimas han optado por presentar demandas en el ámbito civil, para recuperar sus pérdidas, lo que refuerza la posición de que este asunto, no debería abordarse en el fuero penal. El abogado también argumentó que no se ha demostrado la existencia de una asociación ilícita entre los acusados, ya que, según la ley, esto requiere un acuerdo de sus miembros para cometer delitos. Silvela destacó que no se ha evidenciado la existencia de esta voluntad general de cometer actos ilícitos en los contratos y acuerdos presentados por la defensa.

DECLARACIÓN DE DOS DE LAS VÍCTIMAS:

Gareto y Ullman, dos ex empleados del Grupo Inmobiliario Spaggiari, han compartido sus testimonios en el marco de las acusaciones que enfrenta esta empresa por presuntas estafas y actividades ilícitas. Ambos trabajaron en el ámbito inmobiliario y ofrecieron una visión de su experiencia en la compañía. Gareto, según sus testimonio, se unió a la empresa en 2008, desempeñó un papel fundamental en la confección de contratos y la intermediación en transacciones inmobiliarias. Expresó su confianza en los proyectos de la empresa al punto de invertir su propio dinero. Sin embargo, a partir de noviembre de 2013, comenzaron a surgir problemas de pagos, lo que lo llevó a buscar otro empleo. Gareto también compartió que aconsejó a otras personas que no invirtieran dinero en la empresa. Se retiró en febrero de 2013 y expresó sus disculpas a las posibles víctimas, asegurando que nunca tuvo la intención de estafar a nadie ni de participar en actividades ilícitas. Por su parte, Ullman comenzó a trabajar en agosto de 2017 en el sector inmobiliario de la empresa. Desarrolló un grupo inmobiliario y participó en la expansión de la cartera de propiedades para venta y alquiler. Aunque hubo problemas financieros, mantuvo una fuerte confianza en la empresa y sus proyectos. Su función se centró en la parte inmobiliaria, y aunque notó problemas, continuó cumpliendo con sus responsabilidades. En diciembre de 2022, comenzó a notar problemas más graves y finalmente dejó de trabajar en mayo de 2023. A pesar de su participación, no estaba al tanto de las actividades fraudulentas y se considera a sí mismo una posible víctima. Su intención era que la situación se resolviera de manera justa. MAtias Spaggiari, fie otro de los acusados que prestó declaración, y manifestó que todo fue en blanco y que los damnificados fueron voluntariamente, no hubo folleteria. Sumado a esto, expresó que los empleados siempre estuvieron en blanco, por ende no era asociación ilícita, Finalmente, expresó que nunca tuvieron un fin criminal, simplemente se atrasaron con los pagos.

DECISIÓN DEL JUEZ: Luego de una maratónia audiencia, la cual duró más de 12 horas, el Dr. Javier Bumaguin, estableció: La prisión preventiva para los hermanos Spaggiari y su madre, quien cumplirá dicha prisión bajo la modalidad de domiciliaria. Tambien, serán inhibidos los bienes de cada uno por un monto superior a los 200 millones. Sumado a esto, el Juez decidió que los 5 acusados restantes cumplan con la siguientes medidas altrnativas: -Una caución personal de 50 millones de pesos -Prohicición de acercamiento con las víctimas -Prohibición de salir del país -Presentarse semanalmente ante la justicia