ÚNICO MEDIO -- La jueza de Investigación Penal Preparatoria, Dra. Cristina Fortunato, resolvió decretar la prisión preventiva de Miguel Alberto Olivares, imputado en el marco de la causa en la que se investiga una estafa a las firmas Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas SA, que implicaron un perjuicio total superior a los 170 millones de pesos.
El fiscal Guillermo Loyola tuvo a su cargo el desarrollo de la hipótesis de la acusación, que giró en torno a las maniobras que una banda integrada por personas que viven mayormente en la localidad bonaerense de Lanús y zonas aledañas, pergeñaron y llevaron adelante entre el 2 y el 24 de enero de este año, utilizando las identidades del contador Marcelo Daniel M. y del empresario Rodolfo W., para acceder a cuentas bancarias de las empresas mencionadas y desde allí realizar varias operaciones que permitieron consumar la estafa por los montos mencionados: 153 millones de pesos en perjuicio de las cuentas de Las Taperitas; y el resto a Sucesores de Alfredo Williner.
Hace un par de meses Loyola había imputado a casi una veintena de personas en esta causa. Entre ellos estaba Marcelo Daniel Castro, quien quiedó con prisión preventiva al comprobarse que había sido quien gestionó ante el Banco de Santa Fe el cambio de claves, tarjetas de coordenadas y otras acciones que le permitieron a la banda acceder a las cuentas de las empresas, utilizando la identidad del contador M., quien había sido un profesional que trabajó con la empresa pero ya no lo hacía. Ahora, Loyola imputó a Olivares basándose en que había actuado en paralelo con Castro: mientras éste se apoderó de la identidad del contador M., Olivares adoptó la personalidad de Rodolfo W., presentando en el banco un DNI con los datos de W. pero con el rostro del propio Olivares.
Loyola describió algunas de las maniobras realizadas por Olivares, que incluyeron los registros de 145 llamadas telefónicas efectuadas en ese lapso de enero a distintos bancos -figuran en la lista el Supervielle y el Piano, entre otros con los que operaban las empresas rafaelinas-, hasta que lograron engañar al personal del Banco de Santa Fe, incluso con la utilización de los DNI falsificados, induciéndolos a dar claves y tarjeta de coordenadas nuevas para consumar las estafas.
El argumento defensivo de la Dra. Georgina Alassia apuntó a separar la responsabilidad de Olivares respecto a la de Castro -que está detenido sin plazos-, argumentando que las maniobras que terminaron en el perjuicio económico efectivo fueron efectuadas por Castro. Olivares tiene 62 años de edad y no cuenta con antecedentes penales, lo que también fue utilizado por la defensora en su planteo ante la jueza Fortunato.
Loyola - a quien acompañó también el Dr. Carlos Farías Demaldé, en su calidad de representante legal del querellante, el contador Marcelo Daniel M.- se explayó más adelante al poner en controversia los dichos de Alassia, reforzando la hipótesis de que Olivares efectivamente hizo las maniobras detalladas, que se presentó personalmente a gestionar los cambios de claves con un documento falso y que es una parte importante de una trama delictiva que aún tiene capítulos por descubrir, dado que nunca aparecieron los DNI falsos, sólo fue secuestrado el camión con el que se trasladaron las mercaderías compradas con parte del producto de la estafa (700 taladros eléctricos y 500 amoladoras), y faltan descubrir otros integrantes del grupo. En las escuchas telefónicas aparecen voces que también participan de las maniobras y que no pertenecen a los imputados que ya están identificados.
Al fundamentar su decisión, la jueza Fortunato dio la razón al Dr. Loyola, al rechazar los argumentos de la Defensa en el sentido de que la conducta de Olivares fuera aislada de la de Castro. "Sería absolutamente ilógico y la sana crítica racional me indica que la participación del señor Olivares fue parte de un accionar conjunto. Se habla de un mismo grupo damnificado, y aunque la maniobra del señor Olivares fue truncada en algún momento del proceso, fue continuada luego por el señor Castro. Hubo el mismo modus operandi y un mismo damnificado, en un mismo período de tiempo. MI interpretación es de acuerdo a la sana crítica racional: el señor Olivares hizo con el señor Rodolfo W. lo mismo que Castro con el contador M., sólo que le falló la posibilidad de validar la tarjeta de coordenadas. Y es clave que todas las llamadas al banco salieron del teléfono del señor Olivares, que claramente participó de este raid delictivo".
