El titular de la Fiscalía Regional 5, Carlos Arietti, presentó su Informe Anual de Gestión. Fue ayer en el marco de una audiencia pública realizada en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de San Cristóbal. El funcionario del MPA detalló las actividades cumplidas en el último año, enumeró los problemas que debieron enfrentarse y las propuestas realizadas para mejorar el servicio.

El Fiscal Regional indicó que "las actividades de los últimos 12 meses se encaminaron en dos sentidos. Por una parte, a continuar la instalación de las unidades fiscales, pues la infraestructura material y humana estaba lejos de estar completa. Por otra –agregó Arietti–, se realizaron las tareas específicas de persecución penal, con la particularidad que este es el primer balance de un período que se desarrolla en su totalidad con el nuevo Código Procesal vigente".

Condenas efectivas

Según se precisó en el informe, se dictaron 111 condenas por un total de 248 hechos delictivos. De ellas, el 54% fue a pena de prisión de cumplimiento efectivo y el resto a pena de prisión condicional. Casi todas las condenas fueron logradas a menos de un año de la fecha del hecho (107 sobre 111), ninguna lo fue más allá de los 14 meses de su ocurrencia. Incluso, en dos casos, la condena se dictó a las 48 horas.

Arietti hizo hincapié en que "a las condenas hay que sumar las soluciones no punitivas: 39 suspensiones del procedimiento a prueba por 59 hechos y tres veces más de mediaciones exitosas". Aclaró que en todas las "probation", se sometió al probado a reglas de conducta como trabajos comunitarios, reparación a la víctima y donación a instituciones de bien público. "Se efectuaron donaciones por más de 40 mil pesos y trabajos comunitarios por más de 700 horas", especificó.

"Comparativamente con períodos anteriores, se ve un aumento de las condenas a pena de prisión efectiva, de declaraciones de reincidencia y los montos de las penas. Pero también aumentó la cantidad de suspensiones de juicio a prueba", enumeró Arietti. "Esto muestra que hay un tratamiento diferenciado: los delitos más graves son más severamente penados, y los delitos más leves son tratados con soluciones alternativas", analizó el fiscal regional.

Homicidios

El Informe Anual de Gestión de la Fiscalía Regional 5 también incluye datos de los homicidios dolosos ocurridos en esa circunscripción judicial. En total, se registró el inicio de la investigación por 23 homicidios dolosos en los últimos 13 meses. De ellos, siete fueron remitidos o correspondieron a otros fueros u organismos (cuatro al fuero penal de Menores; uno a la subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia; y dos al fuero federal) y dos fueron archivados en sede fiscal (uno porque el imputado murió en el hecho, y el otro por ser un caso de legítima defensa).

De los 14 homicidios restantes, en 13 casos el autor ya se encuentra individualizado. Y de ellos, en tres casos ya se dictó la condena a seis personas; en siete casos los imputados están en prisión preventiva; y en otros dos casos, los imputados se encuentran sometidos a proceso con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva porque fueron cometidos con exceso en la legítima defensa.

Datos generales

De acuerdo a lo informado por Arietti, entre agosto del año pasado y agosto de este año ingresaron a la Fiscalía Regional 5 un total de 12.916 legajos. Ello representó 1.711 legajos para cada uno de los siete fiscales en funciones. Además, se solicitaron y libraron 292 órdenes de allanamiento y se realizaron 525 audiencias en Tribunales y 2.074 en la Fiscalía. Entre ellas, se contabilizan 177 audiencias imputativas a detenidos y 533 audiencias imputativas en estado de libertad. En relación a las medidas cautelares, se dictaron 172 en total: 78 prisiones preventivas (45,4% del total) y 94 medidas alternativas (54,6% del total).

Problemas y desafíos

Arietti consideró que entre los principales problemas enfrentados por el MPA en su labor se encuentra la cantidad de fiscales. "De los 14 fiscales previstos, actualmente hay siete en funciones", señaló Arietti y agregó: "Con la progresiva acumulación de casos y el aumento de la carga de trabajo, desde el segundo cuatrimestre de 2015, la situación se está tornando complicada".

El funcionario del MPA también mencionó como inconvenientes "la debilidad del sistema informático de gestión de casos y el funcionamiento de la policía en función judicial. No obstante – aclaró–, la creación de la Policía de Investigaciones (PDI) fue una muy buena medida". Además, resaltó que "otro elemento perturbador es la indebida asignación al MPA de la solución de los problemas de inseguridad".

Luego de enumerar los inconvenientes, Arietti sostuvo que "como todo sistema que recién comienza, hay mucho por mejorar". Y añadió que "se procurará aumentar la cantidad de salidas alternativas en la Unidad Fiscal Rafaela, y el número de procedimientos abreviados en las unidades fiscales de San Cristóbal y Tostado".

"Si bien reconocemos que se debe mejorar la investigación científica y la atención a las víctimas, el balance es positivo porque se toman decisiones de más calidad; el sistema es más rápido, transparente y eficiente; se brindan respuestas diferenciadas según la gravedad del hecho; y se llegan a más soluciones alternativas para los delitos leves", concluyó.