El juez de Apelaciones Sergio Alvira ratificó la prisión preventiva de los hermanos Matías y Fernando Spaggiari; la prisión domiciliaria de Mirta Condotto y dispuso también confirmar las medidas inhibitorias que pesan sobre todos los imputados en el caso que involucra al denominado Grupo Spaggiari. Se trata de una investigación por la comisión de una megaestafa cometida en perjuicio de cientos de ahorristas rafaelinos en el marco de centenares de operaciones a través de las cuales se captaban distintas sumas bajo la promesa del pago de intereses que estaban totalmente por encima de los valores del mercado financiero: el grupo se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2022 y desde entonces se fueron acumulando fojas en una investigación penal, pero al mismo tiempo se abrieron causas civiles que incluyeron el pedido de quiebra del grupo empresario.
El magistrado analizó la presentación realizada por los abogados defensores, que buscaban la excarcelación de los hermanos y su madre -que están bajo el régimen de prisión preventiva, los dos primeros en el penal de Coronda y la mujer en su domicilio, por cuestiones de edad-, pero rechazó los argumentos esgrimidos.
De la audiencia, que se prolongó por más de 3 horas y media, participaron el fiscal Guillermo Loyola; los abogados defensores José María Silvela y Andrés Colón (en representación de los hermanos Spaggiari; de su madre, Mirta Condotto; y de Miriam Bravo); Cecilia Álamo y Juan Manuel Lovaiza. También lo hicieron, en representación de las partes querellantes (víctimas) los doctores Rafael Juárez; Juan Manuel Chiappero; Fabio Maier y Carolina Miño. En forma presencial estuvieron los imputados Mirta Condotto; Carolina Schaberger; Clemenz, Franzetti y Ciancia.
Las razones del juez
El juez de Apelaciones respaldó lo actuado y resuelto por Bumaguin en primera instancia, respondiendo en forma negativa a los argumentos esgrimidos por los abogados defensores en relación con algunos aspectos de las medidas adoptadas, sobre todo en relación a las inhibiciones planteadas a los imputados, todas de orden económico, y con montos que superan los 30 millones de pesos. Los cuatro abogados defensores plantearon una supuesta "desproporción" en la magnitud de las inhibiciones y cauciones reales impuestas a los acusados; en tanto que en el caso de los hermanos Spaggiari pidieron la libertad, entre otros motivos, porque consideran que su vida está en riesgo en el penal donde permanecen alojados, y donde sufrieron apremios ilegales y golpizas, además de denunciar falta de atención médica.
Entre otros puntos de los argumentos de la defensa, se planteó que luego de las imputaciones penales los Spaggiari intentaron refinanciar las deudas con el objeto de poder cumplir sus obligaciones, pero que ello no fue tenido en cuenta por el juez de Primera Instancia Gustavo Bumagin, autor de la resolución de agosto cuyos alcances fueron apelados.
Para el Dr. Alvira, no correspondía declarar la nulidad de lo resuelto por Bumaguin, porque el juez "en ningún actuó discrecionalmente" sino que se limitó a interpretar a los elementos y evidencias que le fueron presentados por las partes. Pero además, al analizar las cuestiones de fondo, el magistrado consideró dos ejes centrales: consideró clave entender que los elementos aportados por los apelantes "no tiene trascendencia en la calificación legal ni en la materialidad de los hechos". Es decir, no había cambios sustanciales en la causa, y en todo caso los que aparecieron no hacen más que agravar las imputaciones sobre los acusados.
"No tenemos que perder de vista la pregunta de si hay elementos nuevos respecto a decir si hubo menos estafas investigadas o menos daños provocados a las víctimas. No, no hay elementos nuevos", afirmó . Y consideró que "el delito se encuentra perfeccionado" cuando el autor del hecho ofrece pagar. "En este tema el pago que se efectúe, o que se prometa, evidentemente se tiene en cuenta posteriormente, al evaluar la conducta de los imputados".
Alvira subrayó también otro punto significativo de la causa, al compartir el interrogante generalizado de víctimas, abogados querellantes y fiscal: dónde está la plata. Incluso Alvira remachó en un dato: que la gran mayoría de los contratos de "mutuo" firmados con los acreedores eran contra la garantía de un solo bien inmueble ofrecido por los Spaggiari como respaldo de las operaciones.
