En los Tribunales de Rafaela, y tras 5 horas de audiencia, el Juez de I.P.P. Javier Bottero, dispuso la libertad bajo medidas alternativas de Carlos Andrés C. y Cristian Marcelo F., quienes están acusados por el Fiscal Guillermo Loyola de integrar una asociación ilícita junto a los hermanos que dirigían el Grupo Spaggiari.
En la maratónica audiencia, se ventilaron un total de 173 hechos y más de 500 víctimas. “Se va a ir ampliando” sostuvo Loyola durante el debate, quien además explicó que la diferencia entre hechos y denunciantes se explica porque cada uno de estos firmaba, a veces, hasta 20 “convenios de mutuo dinerario” con la empresa.
Si bien la cifra invertida en cada convenio por las víctimas varía (hay depósitos de 900 dólares hasta otros de 100.000 dólares o 9 millones de pesos), el monto con el que se habría quedado el grupo inmobiliario a través de un “Esquema Ponzi” en palabras de Loyola, es de aproximadamente 100 millones de pesos y 4 millones de dólares.
Para la Fiscalía, el grupo se aprovechó de la fachada de los negocios lícitos de la empresa que tenía sus oficinas en Bv. Roca para captar los ahorros de los clientes que acudían por “publicidad” interpersonal.
Una vez que los convencían para ingresar su dinero, se les indicaba falsamente que el mismo era destinado a inversiones a través de una fabrica de ladrillos ecológicos y otra de aberturas, todas pertenecientes al mismo grupo empresario. Con promesas de rendimientos mensuales superiores a las colocaciones bancarias, la asociación pudo captar tanto cifras en pesos como en dólares.
En cuanto a la participación de Carlos Andrés C. y Cristian Marcelo F. en la maniobra, la Fiscalía les endilgó el ser quienes, junto a un tercer imputado, promocionaban a la empresa y captaban a los inversores. Por eso, la figura penal que les cabió fue la de asociación ilícita en carácter de miembros y estafas reiteradas en calidad de partícipes necesarios.
Luego de 5 horas de presentaciones y dos cuartos intermedios, tanto el MPA como la Defensa (a cargo de la Dra. Cecilia Álamo), acordaron que los dos imputados transiten el proceso judicial en libertad aunque deberán abonar una fianza personal de 50 millones de pesos cada uno y cumplir otras medidas. Además, el Juez Bottero dispuso una inhibición general de bienes por un valor de 60 millones de pesos más un 50% en concepto de interés y costas.
De los 10 imputados que tiene la causa, solo 3 cumplen prisión preventiva: los hermanos Spaggiari y su madre, aunque esta última lo hace bajo la modalidad domiciliaria.
En las audiencias anteriores apareció un dato clave que también se repitió en esta: en los allanamientos no se encontraron documentos respaldatorios de las operaciones negociadas con los damnificados y las cuentas de la empresa están en 0.
