A 35 años de la sanción de la Ley Provincial 9286, exigimos al intendente municipal que respete lo que claramente establece el marco legal y restituya inmediatamente a los trabajadores, que fueron despedidos de manera arbitraria, injusta e ilegal, sin cumplirse ninguno de los procesos administrativos que un intendente no puede desconocer.

El conflicto que se desató en defensa de la fuente de trabajo, tiene impacto en el conjunto de los trabajadoras y trabajadores, por cuanto la decisión del Intendente de esa localidad afecta el derecho a la estabilidad laboral garantizado por la Constitución Nacional y la legislación laboral del sector.