El secretario general del Centro Empleados de Comercio, Juan Berca, realizó un análisis del 2024, destacando las dificultades económicas y los desafíos que enfrenta el sector.
Por un lado, describió al 2024 como "un año duro, difícil y distinto", marcado por la llegada de un nuevo gobierno con políticas económicas diferentes. "La gente eligió, y en democracia hay que aceptar esas reglas", afirmó. Sin embargo, subrayó que los cambios económicos no favorecieron al sector, especialmente en aspectos como las negociaciones salariales, que no lograron acompañar el aumento constante del costo de vida.
Entre los factores que más impactaron mencionó el aumento de alquileres, electricidad, gas, transporte y combustibles, lo que obligó a las familias a reestructurar sus consumos, priorizando alimentos y recurriendo a segundas marcas o dejando de lado productos no esenciales como vestimenta o calzado. "Con sueldos que no alcanzan, muchos trabajadores deben buscar alternativas para cubrir lo mínimo indispensable", explicó.
Berca destacó que aunque la inflación cerró el año con una tendencia a la baja, el poder adquisitivo sigue siendo un tema pendiente. Según los datos del gremio, un empleado de comercio con la categoría inicial percibe actualmente $820.000 de bolsillo, mientras que una canasta alimentaria para una familia tipo requiere $982.000. "Un solo sueldo no alcanza para cubrir lo básico", enfatizó.
En cuanto a las paritarias, explicó que este año se adoptaron negociaciones bimestrales para ajustar los salarios de forma más dinámica. En noviembre y diciembre se acordó un incremento no remunerativo del 5% (2,5% por mes), con impacto en ítems como el aguinaldo y el presentismo. La próxima reunión paritaria será en enero para discutir los meses restantes del período.
Empleo estable, pero con riesgos de precarización
Berca informó que el nivel de empleo en el sector se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo, advirtió sobre un aumento del trabajo no registrado y una tendencia a la precarización laboral impulsada por propuestas legislativas que, según él, buscan "quitar derechos a los trabajadores". Asimismo, criticó la figura de "colaboradores", señalando que podría fomentar contrataciones informales bajo modalidades como el monotributo.
El secretario también mencionó las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales. "El sistema está desfinanciado, y eso pone en riesgo los servicios que brindamos a nuestros afiliados", alertó. Un ejemplo claro es la obligación de recibir afiliados monotributistas, quienes aportan un promedio de $13.000, un monto insuficiente considerando las prestaciones que requieren. En paralelo, el Estado aporta $26.000 por cada jubilado, un grupo que es alto consumidor de servicios médicos, lo que agrava aún más la situación. Además, del 9% de aportes entre empleados y empleadores, el 15% se destina al fondo de redistribución para discapacidad, oncología y alta complejidad, siendo el sector de discapacidad el mayor receptor de estos fondos. A esto se suma que el Estado, responsable de reintegrar los gastos presentados por las obras sociales, acumula deudas significativas, lo que pone en riesgo la continuidad del sistema y la atención de los trabajadores.
Con la mirada puesta en el próximo año, Berca señaló que será un período electoral y que el sindicato continuará trabajando en áreas como salud, recreación y derechos laborales. "Seguiremos defendiendo a los trabajadores en todos los aspectos posibles, pese a las dificultades que puedan surgir", concluyó.
