El desarrollo del país va junto al sector agropecuario desde siempre, no sólo por la producción fundamental de alimentos, sino por el aporte económico e impositivo del campo.

Son los derechos de exportación los que más impacto tienen en una posible rentabilidad de los productores, pero lo cierto es que hay decenas de impuestos que intervienen en la problemática.

Teniendo en cuenta el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), al mes de diciembre pasado la participación del Estado en la renta agrícola fue del 64,3 por ciento, subiendo 2,8 puntos desde septiembre y de 5,4 puntos en la comparación interanual, en un marco de caída de precios internacionales y un dólar que sigue duplicado.

FADA explicó que si se desglosa lo que se paga por jurisdicción, 94,7 por ciento son impuestos nacionales, 4,7 por ciento son provinciales y el resto municipales.

De no existir las retenciones, la presión bajaría al 36 por ciento.

Hoy en los cultivos, los estados impositivamente participan en 68,5 por ciento en soja, maíz 56,6%, trigo 69,5% y girasol 59,1%.

Es precisa una decisión política de contracción, que lleva décadas de pérdidas de inversión en la ruralidad, de tener la posibilidad de multiplicar empleos, de expandir la realidad del segmento más pujante del país, que sólo en 2024 aportó más de seis mil millones de pesos en Dex, representando esta imposición el 4,6 por ciento de los ingresos totales del Estado.

Se precisa de manera inmediata una reducción y eliminación de estos cánones en cereales y oleaginosas, sin priorizar sectores, pero con la convicción de ser nocivos para todos los productores.

Suma en la cuenta el IVA que se paga a mes vencido o anualmente, en su mayoría al 21 por ciento, como es el caso de la leche y en ventas de cereal al 10,5, mientras entran en juego las retenciones dependiendo de la actividad, las cuales ya llevan más de dos meses en la demora de su devolución.

En la suma general también ingresa la continuidad del Impuesto al Cheque.

En Santa Fe, la presión impositiva fue del 60,5 por ciento, según FADA, aunque sin ser la más alta de la principal región productiva, tendrá una ecuación que trepará a partir de los recientes aumentos en impuestos provinciales como el Inmobiliario Rural, aunque con categorías pausadas y Patentes, por ejemplo.

Si bien en Ingresos Brutos los productores tienen una alícuota del 0%, no así el resto de los sectores ligados al campo, como acopios o comercios, en función a lo facturado en el año calendario anterior.

Del mismo modo, hay tasas judiciales que se tienen que cancelar al momento de desarrollar diferentes trámites.

También “el campo” paga impuestos municipales o comunales, que entran en la cuenta total. En la mayoría de las localidades vecinas existe la Tasa por Hectárea, que puede oscilar entre 2 y 15 litros de combustible, no así en Rafaela, donde sobre el cierre del año el Concejo Municipal derogó el pago de un porcentaje en las ventas en ferias.

Por eso desde la Sociedad Rural de Rafaela consideramos que además de las retenciones, se requiere una revisión completa de los impuestos que paga el sector y todo lo que no recibe el campo a cambio, como son las obras de infraestructura, electrificación rural, e incluso mejores condiciones para la vida rural y la educación de los chicos en las áreas rurales, con todos los servicios que tienen las escuelas en las ciudades.

Sabemos que no se puede pretender neutralizar el déficit fiscal a costa del sector agropecuario, únicamente. El clima ya hace su juego, como para que la política siga influyendo en la cotidianeidad de nuestras empresas agropecuarias y es por eso que abogamos por una reforma impositiva y laboral que nos permita desarrollarnos y ser competitivos, tal como sucede entre nuestros competidores externos.