El presidente paraguayo Santiago Peña dimitió formalmente a su cargo en medio de un clima de extrema tensión institucional y social. La decisión fue confirmada mediante una comunicación pública del propio mandatario, quien decidió dar un paso al costado tras perder el respaldo legislativo y ante el inminente avance de un pedido de destitución impulsado en el Congreso. La oposición, en tanto, pretende continuar adelante con el juicio político, apuntando a la destitución de Peña, para impedirle acogerse a cualquier posibilidad de inmunidad por fueros.

El detonante principal de la dimisión fue el colapso operativo del Ueno Bank, una entidad financiera que administraba depósitos de aproximadamente 2,9 millones de clientes y gestionaba importantes recursos estatales. La posterior intervención oficial congeló los fondos de miles de ahorristas, generando protestas callejeras e incertidumbre generalizada sobre los activos depositados.

El impacto institucional de la caída bancaria

La debacle del sistema bancario debilitó de inmediato el margen de maniobra de la administración central. Diversos sectores parlamentarios, incluidos referentes del propio oficialismo, exigieron la salida del jefe de Estado para detener el deterioro democrático y dar respuestas a los damnificados.

En su mensaje dirigido a la ciudadanía, Peña sostuvo que su retiro busca resguardar la gobernabilidad del país. A la par, el exmandatario pidió disculpas al pueblo paraguayo y afirmó que su prioridad es que se garantice la devolución íntegra de los fondos a los depositantes afectados.

La sucesión presidencial y los pasos judiciales

Tras la renuncia, el orden constitucional establece que el vicepresidente Pedro Alliana quede al frente del Poder Ejecutivo nacional para completar el período de gestión. Corresponderá ahora al Poder Legislativo tratar y refrendar formalmente el documento de dimisión entregado por el mandatario saliente.

En paralelo a la definición política, la Justicia paraguaya avanza en la causa penal contra la cúpula directiva de la firma financiera intervenida. Las medidas judiciales incluyen la detención preventiva de ocho ejecutivos y la inhibición de bienes con el objetivo de resguardar el patrimonio necesario para cubrir los pasivos de los ahorristas.