Por Julio Armando
Instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad están pidiendo que se declare el estado de emergencia nacional por la situación que se encuentran atravesando. En diálogo con RAFAELA NOTICIAS, la doctora Fernanda Odetto, médica especialista en fisiatría y rehabilitación que atiende a personas con discapacidad en una institución de la ciudad, habló de la situación que atraviesa el sector. El reclamo puntual es para que el gobierno nacional actualice los aranceles y los honorarios que perciben los profesionales, transportistas e instituciones por las prestaciones de discapacidad. Es que, dado el nivel de inflación y la devaluación de diciembre, los montos quedaron muy desactualizados, sumado a que ya de por sí se venía con un retraso durante el 2023. Además, se debe tener en cuenta que las obras sociales y el Programa Incluir Salud abonan las prestaciones a los 60 o 90 días. "Quedó muy retrasado el arancel, y en lo que es transporte no se llegan a cubrir los costos del traslado de las personas con discapacidad con todos los aumentos que hubo de combustible", explicó Odetto. Recordando que hace poco hubo un paro de transportistas por tiempo indeterminado por dicha situación. La profesional indicó que el incremento que se pedía a Nación era del ciento por ciento, teniendo en cuenta que el año pasado la inflación superó el 200 por ciento, pero "en la última reunión que se realizó con la ANDI, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, se fijó un aumento del 20 por ciento para enero y un 10 por ciento para febrero - acumulativo- que nos deja muy por debajo de lo que es el proceso inflacionario y no se llegan a cubrir los costos de lo que implica tener en funcionamiento instituciones con aumentos de todos los servicios, como la luz y el gas. Además hay que pagar empleados, cargas sociales, y ni hablar del combustible a la hora de sostener el transporte".
El sistema de salud de discapacidad está cubierto por obras sociales, prepagas y el Programa Incluir Salud para personas que tienen certificado de discapacidad y que cobran una pensión no contributiva. Es un programa federal que depende del Estado nacional. En el caso de las obras sociales y prepagas, reciben el reintegro de lo que gastan en discapacidad por parte del Estado. Todo este sistema se encuentra regido por la Ley 24.901 que establece el nomenclador que regula el valor de las prestaciones que se brindan a las personas con discapacidad, ya sea para rehabilitación, centro de día, centro educativo terapéutico, hogar, apoyo escolar, estimulación temprana, transporte, entre otras. Todas las actividades tienen un arancel nomenclado y que se rige por un valor nacional. La actualización de esos aranceles es justamente lo que están pidiendo los profesionales.
Entre las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Rafaela, se encuentran ALPI, La Huella, El Ceibo, además de todos los consultorios privados que también trabajan bajo el mismo nomenclador por obra social, y que brindan servicios de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología. "Los servicios se sostienen debido a resignar honorarios, pero la situación más complicada se da en las instituciones que tienen personal de planta, que deben pagar aguinaldos, cargas sociales", explicó Odetto.
La médica señaló que "la situación es de emergencia, por eso este miércoles se realizará una marcha en Buenos Aires frente a la Residencia de Olivos, convocando a todo el público en general, no solamente a las personas con discapacidad, para obtener una respuesta del gobierno nacional". Y concluyó: "Se están realizando los tratamientos y las prestaciones con riesgo de que no se puedan seguir sosteniendo, con una inflación creciente y con la no actualización de los honorarios de los profesionales".
