Dos comisiones de la Cámara de Diputados se reunirán este lunes con la presidenta del Colegio de Jueces de Rosario, Bibiana Alonso, para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo que tiene como objetivo evitar la excarcelación de personas detenidas por la portación ilegal de armas de fuego. Se trata de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Derechos y Garantías que tratan en forma conjunta ese expediente al que se le adicionó otro propio de la cámara iniciado por Oscar Martínez (100% Santafesino).

La convocatoria a la reunión del lunes, en la ciudad de Rosario, fue firmada por los presidentes de ambas comisiones, los socialistas Joaquín Blanco y Lionella Cattalini bajo la figura de 'jornada de intercambio presencial'. Será la segunda reunión de ambas comisiones por el tema, en la anterior ocasión fueron los interlocutores el fiscal general, Jorge Baclini y la mayoría de los fiscales regionales. 

"El mensaje del Poder Ejecutivo es inconstitucional" le dijo a El Litoral el radical Maximiliano Pullaro quien reveló que el objetivo de las comisiones es trabajar en base al proyecto de Martínez que apunta  reforzar la figura de la peligrosidad procesal del detenido con un arma ilegal. Baclini y los fiscales también sugirieron ir la reforma propuesta por el legislador y no la del Poder Ejecutivo. En tanto, ministros de la Corte Suprema de Justicia advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la reforma presentada por el Ejecutivo que apunta a modificar los artículos 219 y 220 del Código Procesal Penal, el primero refiere a las medidas cautelares no privativas de la libertad y el segundo a la procedencia de la prisión preventiva. El de Martínez ingresó en septiembre del año pasado y es para modificar el artículo 221 que refiere a la peligrosidad procesal. 

En la convocatoria a Extraordinarias están los dos temas habilitados y todo parece indicar que Diputados irá por el proyecto del miembro de su cuerpo y no por lo enviado por el Ejecutivo.

Por otra parte, diputados socialistas y radicales parecen coincidir en que si conceden las emergencias en Seguridad y en el Servicio Penitenciario será una sola medida de excepción debido a que ahora el sistema penitenciario volvió a la órbita del Ministerio de Seguridad. "Parece lo más lógico" dijo el socialista Blanco. "Hay una sola Dirección General de Administración y por lo tanto debe ser una sola norma" acotó Pullaro. No obstante, el ex ministro de Seguridad considera que debe haber una reunión con el ministro del área, Jorge Lagna, para que precise para qué y por cuánto tiempo necesita estas facultades especiales. "No interpelar, sino tener intercambio de información" aclaró Pullaro quien recordó que la gestión de Omar Perotti tuvo emergencia en los primeros meses "y terminó haciendo licitaciones a medida" en referencia a la fallida compra de armas y a la concretada compra de motos para la policía. Pullaro no duda en afirmar que el pliego para la compra de motos fue hecha a medida de una empresa "hasta el peso exacto de los rodados incluyeron en el pliego" para cuestionar también la calidad de lo adquirido por el precio pagado.

El radical aclara que "Lagna no es Sain" pero insiste en que toda emergencia debe tener una comisión legislativa de control para que "no haya manos libres". Durante su etapa de ministro, Pullaro tuvo 8 meses de emergencia y no propició la renovación por no compartir el uso de esa herramienta para administrar.

Armas y emergencias están en primer lugar en la agenda de Diputados para la semana de Extraordinarias a la espera de que el Senado vote el Presupuesto 2022 y la Tributaria respectiva para lo cual hay conversaciones entre ambos cuerpos para que los cambios que realice la Cámara Alta tengan sugerencias y aval de la Baja para llegar antes de Navidad con la norma aprobada.

Acosos, abusos a mujeres policías

La diputada justicialista Matilde Bruera ingresó un pedido de informes para conocer la cantidad de denuncias recibidas, en la Agencia de Control Policial por hechos de acoso laboral, abuso sexual y violencia de género realizadas por mujeres policías durante el último año y estado de los trámites.

La legisladora oficialista es acompañada en la firma por varias de sus pares, entre ellas Lucila De Ponti (PJ), Cesira Arcando (Fe), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) y las socialistas Gisel Mahmud, Lionella Cattalini y Erica Hynes.

En los fundamentos, Bruera remite al informe sobre Censo Policial realizado por el Observatorio de Seguridad Pública donde se afirma que "una proporción muy pequeña de los acosos sexuales experimentados han sido denunciados, apenas una de cada diez de las mujeres policías que pasaron por estos eventos lo han hecho". También destaca que con respeto al trato dado a la denncia "las mujeres policías que han denunciado la experiencia de acoso sexual mayoritariamente no se encuentran satisfechas con el trato dado a esa denuncia".