El senador Alcides Calvo (Dpto. Castellanos) destaca que la iniciativa expresa que “los Centros Provinciales de Rehabilitación para personas con problemas de adicción estarán especializados en la prevención, atención, tratamiento y recuperación de personas adictas a drogas y demás estupefacientes; así como en la prestación de la terapia y capacitación ocupacional necesarias para su posterior reinserción familiar, social y laboral”.
En el texto de la ley se afirma que “la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud quien coordinará con los Centros de Rehabilitación las actividades a desarrollar; pudiendo celebrar convenios de cooperación con organizaciones privadas que tengan propósitos similares a los de la presente ley”.
La media sanción dice que “los Centros Provinciales de Rehabilitación para personas con problemas de adicción tendrán las siguientes funciones:
a) Brindar orientación psicológica, social y médica especializada a las personas que sufran de adicción a drogas, estupefacientes u otras formas de adicción; como así también a sus familiares, a fin de procurar el reestablecimiento de la salud física y mental del enfermo.
b) Aplicar los tratamientos médicos que correspondan a las personas que presenten cuadros de adicción o drogadependencia.
c) Internar a las personas -cuya condición así lo requiera- para poder recibir la aplicación de tratamientos médicos y psicológicos especializados.
d) Aplicar ambulatoriamente -cuando corresponda- los tratamientos adecuados en dichas enfermedades.
e) Proveer albergue, alimentación y ropa a los drogadictos cuya condición de abandono o desamparo así lo requiera.
f) Llevar a cabo programas educativos y de formación laboral en forma paralela o posterior a los tratamientos médicos y psicológicos que amerite la condición clínica de los pacientes; de modo que éstos puedan mejorar para reincorporarse a las actividades del medio social.
g) Desarrollar programas en forma permanente de información y prevención sobre los peligros de las adicciones y la drogadependencia; con especial énfasis en la juventud y en los sectores de la población de mayor riesgo social. También, de divulgación de las distintas modalidades de tratamiento.
h) Procurar la participación de la iniciativa privada en las actividades de los entes públicos especializados en prevención, tratamiento y reinserción social de adictos y drogadependientes;
i) Incentivar las actividades laborales que realicen los pacientes.
j) Apoyar el financiamiento de los proyectos productivos de las personas que hayan sido dadas de alta y completado los correspondientes programas colectivos de capacitación laboral”.
Para el financiamiento de la iniciativa se prevé que “los Centros Provinciales de Rehabilitación para personas con problemas de adicción tendrán los siguientes recursos:
Del Estado Nacional; que acorde al artículo 43 de la Ley de Estupefacientes Nº 23.737 se encuentra obligado a asistir económicamente a las provincias que cuentan con Centros Públicos de Rehabilitación de Adictos; Del Estado Provincial; De las donaciones de entidades, organizaciones privadas o particulares”.
