El diputado provincial Omar Martínez (PS-FPCyS) presentó esta semana en la Cámara baja de Santa Fe, un proyecto a través del cual manifiesta la preocupación motivada por la baja en las pensiones para personas con discapacidad, medida que dispuso el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a partir de este mes de junio.
El legislador resaltó que “los beneficiarios perciben $4500 por mes, considerando que la canasta básica ronda los $12 mil, está claro que el importe no es suficiente para subsistir. A esto hay que agregarle como agravante que la eliminación fue automática y que no existe ni está previsto ningún mecanismo para informar con antelación el corte del beneficio ni alguna instancia que permita realizar algún reclamo”
“No podemos permitir que las personas con discapacidad sean avasalladas en sus
derechos adquiridos” prosiguió Martínez “nuestro pedido es con toda la fuerza y en todas las instancias, porque quitar las pensiones es sacarles a muchos argentinos, a muchos santafesinos la posibilidad de llevar adelante tratamientos médicos indispensables para su vida y la salud.”
DECRETO DEL MENEMISMO
Desarrollo Social reflotó un decreto del menemismo (Nº 432/97) que se ajusta a la idea del ministerio de Economía, encabezado por Nicolás Dujovne, de reducir el déficit fiscal.
Este decreto establece restricciones para acceder a la pensión: tener auto o vivienda, vivir con un familiar que esté obligado a hacerse cargo de la persona que quiere solicitar el beneficio. Además, deja a criterio de la autoridad de aplicación evaluar “otros” elementos, los cuales no define, para negar una pensión no contributiva.
Omar Martínez consideró como un error “gravísimo” invocar esa norma que establece una ayuda asistencial sólo en casos de indigencia: “se contradice con los Tratados Internacionales, Leyes Nacionales, y fundamentalmente con la Convención de los Derechos de las Personas
con discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía Constitucional y reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no objeto de asistencialismo”. A esto agregó “ya
hace muchos años que no se aplica el concepto de indigencia a las personas con discapacidad”.
Con respecto a las consecuencias que esta medida conlleva para los familiares de las personas con discapacidad, Martínez descartó que “exista una evaluación de las consecuencias de este ajuste. Los gastos médicos y de asistencia son más altos que la media, y restringe el acceso a la salud y a una vida digna. Es recomendable, al menos, hacer un informe socio ambiental por los profesionales que entienden en estos casos, que son muy complejos”.
Para finalizar, el socialista consideró “alarmante la insensibilidad social del Gobierno Nacional en relación a este tema. Antes de aplicar quitas y reducciones sobre los más débiles, se deberían
evaluar otras salidas para estas difíciles realidades”.
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios necesarios ante Nación para hacer llegar la inquietud de lo que se considera claramente un nuevo ajuste para los más vulnerable.
