Al parecer, el 19 de febrero de 2012, el diablo tenía su ficha a la vista y pronunció su nombre. Facundo Rivero Alegre desapareció aquella madrugada, bajo una leve y persistente llovizna, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba y sin dejar rastro alguno. Salía de un baile en Estadio del Centro, donde tocaba una de sus bandas preferidas. En algún momento, se separó de los amigos que lo acompañaban y su huella se perdió en el tumulto de las paradas de colectivos y taxis. Varios testimonios hablan de represión policial dentro del local y otra escalada más violenta a dos cuadras de la Central de Policía, donde Facundo habría recibido una fuerte golpiza.
A una semana de que se cumpla el primer año sin Facundo, la investigación policial-judicial se encuentra paralizada. Y no se trata de un hecho que sucedió durante el terrorismo de Estado, sino de un fenómeno inexplicable ocurrido en pleno ejercicio de la democracia, y a metros de la Central de Policía cordobesa. Es de suponer que el recambio de toda la cúpula policial, ocurrido a fines del pasado año, haya incidido en la administración de justicia. En los primeros días de enero de 2013, asumió Ramón Frías como jefe de la Policía de Córdoba, y dijo: "Es necesario contar con leyes operativas, respetando a ultranza los derechos humanos de la gente. Para nada acepto la denominación de ‘mano dura’ o ‘mano blanda’. Lo que necesitamos es una presencia enérgica de la policía y un énfasis en la autoridad." Asimismo, afirmó que su desvelo es "darle tranquilidad a la sociedad" y que seguiría con "el plan de seguridad que impulsa el ministro (de Seguridad, Alejo) Paredes"; quien con anterioridad estuvo a cargo de esa jefatura local. La remoción de los jerarcas se habría originado por una orden directa de la gobernación, fastidiada por la reiterada aparición de la palabra inseguridad en los zócalos televisivos y titulares gráficos. Justamente uno de los latiguillos elegidos por De la Sota para medrar la gestión del gobierno nacional. Nunca es conveniente hacerlo contra el viento.
El 12 de marzo, Facundo hubiera festejado sus primeros 20 años de vida, rodeado de innumerables amigos y conocidos. Correspondía a su carácter afable. Estarían a su lado Micaela, la compañera elegida, y Rocío, una beba que no conocerá la voz de su padre. Quién sabe cuantas alegrías y obsequios perdió "el rubio del pasaje" –como lo conocían en el barrio– a consecuencia de su forzada desaparición.
Los tres convivían con Viviana Alegre, madre del joven, y quien lleva adelante la causa junto al abogado de H.I.J.O.S, Claudio Orosz. "Facu trabajaba con un arquitecto y quería estudiar Arquitectura –rememora Viviana–. Estaba por construir su propia casa en el terreno de los suegros." En la charla mantenida con Tiempo Argentino pronto surge el espíritu solidario que compartían. "Para todo el mundo mostraba una sonrisa. Nunca se lo veía triste. Se disfrazaba de payaso cuando visitábamos a los chicos internados con cáncer y les leía cuentitos. A veces íbamos con fundaciones y otras, por nuestra cuenta." Un hábito que ella adquirió cuando era estudiante de medicina. Dejó en tercer año, pero conservó ese temperamento sensible frente al dolor del prójimo, a pesar de la pérdida de otros seres queridos. "Mi hermano, Marco Alegre, era maestro rural en Misiones. Fue a estudiar a La Plata el Profesorado de Historia, y desapareció en El Pozo de Banfield. Su esposa, Natalia Regueira, fue vista por última vez en la ESMA, embarazada de seis meses. Puede ser que todavía tenga un sobrino o sobrina por conocer", agrega con esa misma esperanza con que reclama justicia para su hijo.
Hace once meses que sus familiares no tienen indicio alguno de lo que pudo haber sucedido con el joven. Las pocas acciones realizadas, para esclarecer su desaparición han arrojado resultados negativos. La causa tramita ante la Fiscalía Nº 5, Distrito 1, de Alejandro Moyano. Debido a los plazos que establece el Código de Procedimientos de la provincia de Córdoba, y ante la ausencia de imputados, durante los primeros seis meses no tuvieron acceso al expediente. Por esta razón, ni siquiera el abogado patrocinante tuvo ocasión de constatar si fueron tenidos en cuenta los elementos probatorios presentados. Cumplida la forma, solicitaron el levantamiento de secreto de sumario. Tuvieron un acceso parcial. Entonces, constataron que, si bien se produjeron pruebas, se realizaron allanamientos y se recibieron testimoniales que supondrían un avance en la investigación, no hubo resultados positivos. "El caso transita por tres o cuatro líneas de investigación. Una de estas hipótesis involucraría a los guardaespaldas de un cuarteto que toca en los actos oficiales del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. La banda de Damián Córdoba recorre el país para promocionar la provincia a nivel turístico", afirma Viviana Alegre. La custodia cuartetera estaría integrada por policías que realizan adicionales en esos bailes. La sospecha se acrecienta por la reiterada negativa del Ejecutivo Provincial, ante los pedidos de audiencia de los familiares. Solicitaron ser recibidos en cuatro oportunidades, sin obtener respuesta hasta la fecha.
El perfil de Facundo Rivero Alegre no es el de un "chico bien" de Córdoba capital. Inquieto, con la rebeldía propia de su edad y seguramente amplificada por una dolorosa historia familiar; irreverente al fin, disconforme con lo establecido y con ganas de cambiar las cosas. Su aspecto exterior era el de un joven común: corte de pelo popular, desteñido al rubio, muchas veces con la gorrita típica que tanto molesta a la autoridad. Saludaba con gestos en sus manos, que denotan una identidad barrial y cuartetera. Era "un guazo, un negro grasa" –como suelen llamarlos muchos coprovincianos–. Uno más, de los tantos que a diario son abusados y perseguidos por la policía cordobesa merced a un Código de Faltas anacrónico, anclado en diseños de seguridad represivos.
Obviamente, no se llevaba bien con los uniformados; todo lo contrario. A causa de esa fricción permanente, la familia acusa a la Policía de la Provincia de Córdoba por su desaparición. "Lo hostigaron durante toda su adolescencia hasta la fecha de su desaparición. Últimamente, se les paraba. Una vez, uno de ellos bajó del patrullero y se llegó hasta donde estaban para poner su mano sobre el pecho de Micaela. Obviamente, se enfureció y le dio un tortazo", reconoce Alegre. También, la sospecha se basa en los dichos de "varios testigos que afirman haber visto la golpiza que le propinaron a la salida del baile". Existirían otras pruebas que comprometen a la fuerza. Por aquellos días, a Florencia, de 22 años, le arrebataron su mochila con el celular dentro. Cuando repuso el dispositivo y activó el nuevo chip, "le bajaron todos los mensajes acumulados. Había uno que decía ‘la yuta puta mató al rubio del pasaje’. Ella se enteró por los medios a quién se refería el mensaje y se acercó a nosotros. Pero el número no corresponde a un abonado en servicio", agregó Viviana.
Por esa razón, la madre solicita al fiscal que aparte a la policía cordobesa y actúe en la causa otro organismo auxiliar del Ministerio Público Fiscal: la Policía Judicial. "De acuerdo a la ley, es quien debería investigar los casos que se encuentran en la justicia. Pero le dieron participación recién a los siete meses de la desaparición de Facundo. La policía cordobesa no hizo otra cosa que ensuciar y oscurecer los hechos. Por eso, por acción u omisión, son responsables", asegura –interrumpida por los grititos de su nieta Rocío que, evidentemente, tiene algo que decir al respecto. A su vez, denuncia que antes de que comenzara la feria judicial solicitaron copia del expediente. El mismo 28 de diciembre se comprometieron a hacerlo. Debían pasar a retirarlas por la fiscalía de turno. Cuando fueron con el abogado, allí no sólo no tenían las copias sino que nada sabían del expediente. También, Alegre se pregunta por qué prescindieron "del ofrecimiento hecho desde la Nación", para ayudar con aparatos de alta tecnología y personal entrenado en la búsqueda de personas desaparecidas. "Sólo una vez aceptaron a préstamo un georadar; utilizándolo mínimamente y devolviéndolo a la brevedad. Admitieron ayuda de la Gendarmería Nacional, pero la despacharon enseguida. Cuando hicieron rastrillajes con perros, no nos avisaron o lo hicieron cuando habían concluido, sin resultados. Además, jamás me pidieron prendas de Facundo." «
otro muerto en un operativo
Un joven murió durante un operativo policial en la capital de Córdoba y un policía quedó detenido por el hecho, a pocas horas de que once efectivos fueran detenidos en la ciudad de Laboulaye, en la misma provincia, por un suceso de similares características.
El uniformado está acusado de haber matado de un balazo a un muchacho cuando realizaba la requisa de un moderno automóvil que circulaba por el barrio Alta Córdoba y en cuyo interior se habrían secuestrado drogas y armas.
Este presunto caso de "gatillo fácil", que se suma al registrado en la madrugada de ayer en un barrio de la sureña ciudad de Laboulaye, ocurrió a pocos metros de la seccional 7a de Policía.
El procedimiento se registró en la esquina de Antonio del Viso y Fragueiro, donde una comisión policial interceptó el paso de un Volkswagen Vento con dos ocupantes que había intentado esquivar un puesto de control.
Repudian crimen de Laboulaye
La agrupación Unidos y Organizados repudió el asesinato del adolescente Álvaro Zarandón durante un operativo policial realizado el viernes en la ciudad cordobesa de Laboulaye y reclamó "la separación de la fuerza policial de todos quienes puedan tener responsabilidad" por su muerte.
A través de un comunicado, la agrupación expresó que "el caso de Álvaro –por el que once policías de la provincia fueron detenidos– se agrega a una larga lista de abusos policiales en Córdoba, en consonancia con una política de seguridad de "mano dura" y que día a día se ve fortalecida por las declaraciones públicas de las autoridades".
"sentí que nos podían matar"
A causa del frecuente hostigamiento y persecución policial, denunciado por muchos jóvenes, el Movimiento Evita impulsó –a través de su diputado Leonardo Grosso– la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. El último hecho se produjo la noche del 26 de enero pasado cuando militantes del Evita regresaban de las Jornadas Solidarias por los jóvenes baleados en Barrio Nuevo Alberdi, en la capital santafesina. Santiago Soto, responsable de la JP Barrial, recuerda: "Llegamos a las 2 de la mañana al Patio Olmos. Estaba lleno de policías, como de costumbre." Tres de ellos tomaron un taxi en plaza Colón con rumbo al Barrio Comercial. A la altura del predio de Canal 8, por Av. Vélez Sarsfield, antes de llegar a Circunvalación, fueron interceptados por un control policial. Al verlos con camisetas del Evita, los hicieron bajar del vehículo. "Eran dos móviles con cuatro policías y una mujer policía –rememora el mayor de edad–. Uno de los hombres sacó mis pertenencias. Cuando vio que llevaba la bandera de la JP Evita nos empezó a agredir. Nos hizo arrodillar en el piso con las manos atrás. Desde ahí, nos obligó a tirarnos boca abajo. Dijo que ‘éramos terroristas’. Son de la comisaría de la UCA, de Encausados. Nos gritaba que nos podía "hacer desaparecer" fácilmente. Que no sabíamos con quién nos habíamos metido. El otro nos apuntaba con fusiles. Los otros dos se reían con la mujer. En ese momento, sentí que nos podían matar. A esa hora, nos cargaban en el auto y nos tiraban por ahí. El taxista se puso a discutir con ellos y así fue como nos dejaron seguir con él."
Para Ricardo Vissani, Referente Provincial del Evita, “existe una continuidad ideológica represiva. Anoche mismo, salimos a pintar y nos demoraron. Cuando fue el conflicto con gendarmes y prefectos, tuvimos ocho detenidos. Córdoba es la única provincia donde la autoridad política es un elemento de la propia policía. Es la misma escuela represiva que se mantuvo del año 83 a la fecha. El desenlace natural es el Código de Faltas, que lo aprueba De la Sota en 2003”.
