que obtuvo por unanimidad media sanción en el Senado en noviembre de 2013 y que está a cuatro meses de perder estado parlamentario.
“Las inundaciones registradas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe ameritan que la Cámara de Diputados someta a discusión este proyecto en su sesión de este miércoles, 26 de agosto, para dar una solución estructural al indebido uso del suelo en zonas que debieran ser protegidas, no sólo por la riqueza de su biodiversidad, sino también por los servicios ambientales que prestan a la sociedad en su conjunto”, señalaron en un comunicado más de 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Greenpeace, Fundación Humedales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre.
Investigadores de las universidades públicas de Buenos Aires, La Plata y San Martín informaron, además, que la construcción de emprendimientos inmobiliarios en los últimos diez años sobre humedales aumentó significativamente, convirtiendo estos ecosistemas en “tapones” que, en lugar de absorber, retienen el agua provocando graves inundaciones.
Este es, por caso, el máximo reclamo de organizaciones y movimientos de vecinos en la Zona Norte del conurbano, quienes consideran que el relleno de humedales para la construcción de barrios cerrados es la principal causa de las inundaciones que se sufren cada vez con más frecuencia.
En este sentido, la geóloga Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, realizó un estudio que reveló que el aumento de barrios privados sobre la cuenca del Río Luján es responsable de la crecida de sus aguas. “Es vital la acción de organizaciones sociales de requerirle a los diputados el inmediato tratamiento de esta ley para preservar los humedales, porque pronto va a perder estado parlamentario y por la importancia de la regulación, para que los emprendimientos inmobiliarios no puedan seguir habilitados en estos ecosistemas fundamentales”, señaló Pintos en diálogo con El Argentino Zona Norte. Y agregó: “Esto permitiría que lo que venimos peleando en los ámbitos municipales y provinciales, para que se restrinja el avance de los barrios privados sobre humedales, esté acompañado por una legislación específica que favorezca la protección de estos ecosistemas”.
Sin ir más lejos, la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, la Asamblea Delta y el Movimiento en Defensa de la Pacha, entre otras organizaciones del distrito, presentaron hace casi un año un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para prohibir la construcción de barrios privados en humedales, pero hasta ahora no tuvieron respuesta alguna. “El 35% de la superficie continental de Tigre tiene urbanizaciones cerradas”, señaló Pintos.
Andrea Michelson, de la Fundación Vida Silvestre, explicó a este diario que la ley “ayuda a identificar sistemáticamente los humedales del país”, lo que permitirá “hacer un inventario de ellos, señalar de qué tipo son, cómo son y qué función ecológica tienen”. La especialista agregó: “Este inventario permitirá proteger y preservar aquellos que son imprescindibles, restaurar a los que haga falta y poder hacer uso de aquellos que lo permiten, pero a través de manejos sustentables, que promuevan su función ecológica”. Hasta el cierre de esta edición, no había información de que la Cámara Baja fuera a tratar este proyecto sobre tablas.