Rafaela, en cuestión de semanas, pasó de tener una condición sanitaria envidiable, a ocupar los primeros puestos a nivel provincial en cantidad de contagios, asemejándose en pocos días a las grandes urbes.

¿A qué se debe? Claramente, la principal razón es el aumento de la circulación de personas. La habilitación de actividades trajo aparejado un alza en la cantidad de gente que se vio expuesta al virus. 

También otra razón subyace. En las primeras clases de Comunicación Institucional, en la Facultad señalan  que la comunicación en tiempos de crisis es fundamental. Una correcta gestión de la comunicación mitiga los embates que puede sufrir una organización. En éste sentido, la “muñeca” política es un as bajo la manga, pero  el oficialismo parece carecer de la misma o tal vez se le diagnosticó artorsis. 

Sin embargo sobradas muestras hay sobre la habilidad que ha tenido el Departamento Ejecutivo para resolver los problemas que se le presentan. De no ser así no se habría podido mantener una gestión durante tantos años. 

Pero la pandemia obligó a que esa capacidad de maniobrar sea extrema. Y en esos vaivenes es que se le ven las costuras al traje. 

Castellano cuenta con un equipo de trabajo, a la vez que joven, se podría decir que  altamente calificados técnicamente, o al menos eso es lo que dicen sus currículos.  Pero fracasa en la pata política.Y cuando se habla de política, no se tiene que reducir al mero partidismo. Eso sería sesgar la mirada. En los últimos tiempos, el oficialismo anduvo huérfano de dirigentes, con  funcionarios sin la cintura necesaria para negociar con todos los sectores. 

Esta inexperiencia, llevó a Castellano a quedar en offside en muchas circunstancias: La conferencia de prensa por la “irresponsabilidad supina” del empresario y el silencio ante la fiesta clandestina de un funcionario provincial (de otra gestión pero del mismo espacio) son dos ejemplos muy claros. La gestión política de la comunicación pública no escapa a esta ausencia de la que se viene hablando y otra prueba de esto es que la estrategia comunicacional debió cambiarse en varias oportunidades, generando cierto  descreimiento de la población.

Esos dos ejemplos son solo introductorios. La gestión para la llegada de más efectivos policiales para combatir la ola de delitos en los que está sumida Rafaela; la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que el hospital está necesitando con suma urgencia, no sólo para la pandemia, sino para dar respuesta al aumento en la demanda de salud de una población que no para de crecer; las obras de saneamiento para los barrios; planes de vivienda destinados a las clases trabajadoras rafaelinas; y un largo etcétera podrían enumerarse.  

Claro, desde el quinto piso de calle Moreno podrían esgrimir una defensa asegurando que ninguna de esas cuestiones depende exclusivamente del Ejecutivo, sino de decisiones en los niveles superiores de gobierno. Y allí es donde deberían recordar que  las negociaciones al nivel político para conseguirlas si son su responsabilidad. Porque antes de gobernar para un partido, gobiernan para 100.000 rafaelinos y rafaelinas, muchos de los cuales tampoco los han votado agregando un plus al seguimiento que hacen de las mencionadas gestiones y de las fallas que en ello se cometan.

En éste sentido, también es necesario rescatar que el cambio de signo provincial ha sido beneficioso para la ciudad. Cloacas, obras, convenios para fortalecer el trabajo en niñez y adolescencia, insumos para el hospital y la llegada de varios agentes a la Unidad Regional V de Policía son algunos puntos “anunciados”  en los últimos meses. Sin embargo, han sido concesiones del Gobernador, que los rafaelinos esperan se concreten, pero no han sido  producto de  gestiones de las autoridades locales.  

Toda ésta reflexión apunta a otra cosa no abordada todavía: La pata política ausente en la gestión de Luis Castellano aparece más evidente en los últimos días. 

Las restricciones a los horarios de funcionamiento de los comercios de barrio prometen dar que hablar y ya  plantean la necesidad de un espacio de negociación entre los negocios de cercanía y el Ejecutivo local.  

El Comité de Emergencia, en la reunión del pasado 18 de septiembre, recomendó a los gobiernos locales, una serie de medidas para reducir la circulación de personas y de esta manera tratar de contener el nivel de contagios en el que la región se vio sumergido. 

La administración local, rápidamente publicó un Decreto en el que obligaba a los comercios de cercanía, como kioscos, despensas y drugstores, a cerrar sus puertas a las 22 horas. "Esas horas de trabajo que nos sacan representan el 60 por ciento de nuestras ventas" dijeron los comerciantes que fueron entrevistados por Rafaela Noticias. 

La medida no solo impacta en los bolsillos de los propietarios. Es que, esos negocios representan el engranaje principal que mueve a las micro economías barriales. 

Lejos de querer realizar un análisis estructural de la economía, se visibiliza claramente que  la decisión tomada afecta directamente al sector con menos capacidad de resistencia frente a la crisis generada por la pandemia de Coronavirus. 

Una semana después, se publicaron restricciones para el funcionamiento de grandes superficies comerciales, como supermercados, comedores y restaurantes. Éstos recibieron el recorte de horas de atención al público. Pero se les permite poner mesas al aire libre (respetando un mínimo de dos metros de separación) y continuar con el servicio de delivery, incluso luego del horario de cierre. 

¿Cuál es el criterio político de ésta decisión? Claramente, las medidas adoptadas perjudica una actividad ya golpeada, y los efectos económicos de la cuarentena ya son evidentes. 

La pandemia no solo deja al descubierto las falencias en materia de salud pública que tiene el país, sino también, la fragilidad de una economía, diseñada sólo para favorecer a los grandes jugadores. 

El Estado, como garante del bienestar de la población debe tomar cartas en el asunto de una vez. Proteger la salud de la gente, pero además, asegurar una mínima estabilidad y previsibilidad económica.  

Para esto, se necesita una gran capacidad de gestión en tiempos de  crisis y esto dependerá de potenciar  cuadros políticos que entiendan las relaciones de poder que pugnan en una sociedad y demuestren el suficiente  compromiso con la comunidad que deposita su confianza en ellos. 

Queremos creer que el jefe de gobierno rafaelino entiende  todo esto, sobre todo  si quiere conservar los votos de la población  de cara a las elecciones del año que viene, pero para esto deberá tomar las decisiones necesarias. Mientras tanto, los pequeños comerciantes, ajenos a toda ésta discusión, juntan firmas para sobrevivir.