1. Este fin de semana, con exactitud jurídica y honesto entendimiento de la correcta teoría política de la democracia republicana popular no oligárquica nuestra gran presidenta afirmó que los jueces –algunos jueces- no pueden meterse a gobernar y a anular decisiones de los otros poderes del estado. De los poderes ejecutivo y legislativo que vota el pueblo. Los jueces, a los que nadie vota, tienen que aplicar las leyes. Pueden controlar, eso sí, a pedido de parte, la “constitucionalidad” de las leyes.
2. Lo que menos de lo menos pueden y deben hacer los jueces decentes es reemplazar sentencias por “medidas cautelares”. Estas medidas solo pueden ser transitorias, provisorias. Todo el mundo del derecho sabe que es así, que debe ser así. No se puede conceder “una cautelar” que suspenda la aplicación de una ley durante años. Eso destruye el normal funcionamiento de una normal democracia. Así lo pide la presidenta y así lo reconoció y lo dijo la Corte Suprema de Justicia hace poco pero luego, “misterios de los misterios” de la política argentina mediante, la Corte, con la sola excepción de Zaffaroni, se desdijo a sí misma, y vuelve a concederle la cautelar (sobre la ley de medios) al todopoderoso multimedio oligopólico desinformativo sembrador de cizaña Grupo Clarín. Ya mucha gente ha entendido que el Grupo Clarín tiene tanto o más poder que el propio gobierno popular de los argentinos.
3. Pero la asombrosa historia de las “cautelares” como “¿forma de gobierno?” desnaturalizaras “desautorizadoras” de las autoridades elegidas por los pueblos tiene más capítulos. Ahora les contaré la que tiene por protagonista al diario La Nación, un diario que, como todos saben, lleva 150 años “adoctrinando” a nuestra clase dominante (¿dirigente? ¿sí? ¿será?) y martirizándonos insufriblemente de cómo tiene que ser la ética republicana de un país. Bueno. Veamos ahora que podemos, que tenemos novedades fresquitas que tal será la ética de ellos.
4. Resulta que por el año 2001, años finales de la maldita convertibilidad neoliberal menemista, todo el mundo empresario argentino andaba mal. Entonces, “para compensarlos”, el pérfido Domingo Cavallo, inventó un decreto 730 por el cual permitió a los medios de comunicación que resten las contribuciones patronales sobre los sueldos como si fuese un crédito fiscal cuando les toca pagar el IVA. Y no pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta. Condición a cumplir era mantener sin tocar el precio de tapa y los empleos. Pero ya empezamos mal: La Nación no cumplió con ninguna de las dos condiciones. Bueno. Llega Duhalde: con el decreto746 dice que la excepción que beneficiaba a los medios de comunicación sería por 4 meses más “hasta que el poder ejecutivo estudie y encuentre una solución…”. Pasaron los cuatro meses. La Nación pagó un par de meses (agosto y septiembre 2003) y oh ¡que maravilla! se consiguió una deliciosa “medida cautelar” gracias a la cual ahora lleva, nos venimos a enterar todos, ¡diez! inolvidables años de relaje impositivo. Nunca visto. Privilegios de megapoderosos. De tal manera “se ahorró” 150 millones de pesos de capital y 130 de intereses. Unos 280 millones de pesos, o sea unos 56 millones de dólares con los que los rafaelinos, por ejemplo, podríamos hacernos 56 de los 70 kilómetros de la indispensable autopista Rafaela-Sunchales-Angélica.
5. ¿Cómo habrá seguido la asombrosa historia de estos prohombres mitristas de la ética republicana? Pues que en el año 2008, noviembre, los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal (Herrero y Grecco) con buen criterio levantaron la medida cautelar. Pero ¿para qué? Porque poco después, solo siete meses después, la Corte Suprema, con la única excepción de Zaffaroni, otra vez les volvió a conceder las antinatura “cautelares” (“hasta que la propia Corte decidiese si lo que hace el diario La Nación es correcto o no es correcto” argumentó esta). Y así están y siguen hoy las cosas. Mientras tanto el diario La Nación compra dólares, los atesora, los mismos dólares que tal vez un industrial rafaelino le cueste conseguir para obtener un insumo para su producción. Lo asesora jurídicamente el Doctor Juan Carlos Cassagne, el mismo que asesora a la Sociedad Rural Argentina, uno de los pocos funcionarios que habían trabajado en el estado durante el gobierno del 73 al 76 que confirmaron en su cargo, por algo será, los golpistas endeudadores desaparecedores de aquel entonces. También nos enteramos, los argentinos, este fin de semana, que el juez Carlos Fayt, de la Suprema Corte, está casado con Margarita Escribano, del mismo clan de los Escribano que son dueños de La Nación. Es hermana de José Claudio, integrante del directorio. Y esta es la gente que todo el día, todos los días, desde hace 150 años, martiriza los oídos y la mente de los argentinos con lecciones de moral.
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Nota: los datos para esta reconstrucción surgen de una investigación de Horacio Verbitzky en Página 12 del 6-1-13.
Horacio J. Garetto