A los organismos públicos: Municipalidad de Rafaela, Ministerio Público de la Acusación,

Empresa Provincial de la Energía y Aguas Provinciales.

Me dirijo a ustedes como víctima y damnificado. En primer lugar víctima de una estafa,

que más adelante desarrollare y damnificado del sistema, de los mismos organismos a

los que les dirijo esta carta abierta y por los que pido la mayor colaboración de los

rafaelinos para su difusión. Hace un tiempo atrás junto a mi familia decidimos vender nuestra casa. Ésta era la

posibilidad que teníamos todos de tener un lugar donde vivir y a su vez departamentos

para poder alquilar y obtener un ingreso que nos ayude a solventar nuestra jubilación.

Es así como conocemos, por intermedio de una inmobiliaria y un escribano (de mucha

“trayectoria” en nuestra ciudad) a una persona que se “dedica a la construcción”. Se

concretó un negocio privado, entre nosotros y este sujeto a los fines de demoler las

viviendas que se encontraban en el terreno y a cambio recibiríamos algunos

departamentos a construirse, en ese mismo lugar, como parte de pago. Con el

transcurso del tiempo esto no sucedió. Nunca aparecieron los departamentos y aquella

ilusión de tener una mejor calidad de vida llegada nuestra jubilación, se torno una gran

pesadilla. Luego de esperar seis años (cuando el vencimiento del contrato eran 18

meses) decidimos recurrir a un estudio jurídico y comenzar los trámites de rescisión contractual a los fines de poder solucionar el problema; toda vez que habíamos perdido

nuestra casa y nos encontramos alquilando. Realizamos todo conforme a derecho,

enviamos y recibimos de parte del victimario las misivas (cartas documentos) normales

en esta situación, hasta que todo se tornó oscuro. Con el paso del tiempo empezamos a averiguar el estado real de como se encontraba

el inmueble. Aclaro que dicha propiedad sigue a nombre de nosotros. La “obra” en

construcción contaba con infinidades de irregularidades a niveles municipales en

cuanto a habilitación para poder realizarse la obra. Tal es así que por medio de una

noticia en los medios de comunicación (donde mostraban la fachada del lugar)

descubrimos que el Juez de Faltas Municipal Dr. Ruben Pavetti había solicitado la

clausura del lugar (Año 2015, para posicionarnos en el tiempo). Nos dirigimos infinidad

de veces a hablar con el Juez de Faltas, al principio nos atendió y luego (como hicieron

todos) no respondió más nuestros pedidos. El Dr. Pavetti clausuró una obra en

construcción por irregularidades municipales y solo pego una faja de clausura que decía

“clausurado”. Quiero aclarar que nos dijo en una oportunidad que si lo hacían enojar iba

a mandar a levantar un paredón en la entrada. Parece que no se enojó mucho el Juez

Municipal. Porque la faja fue retirada del lugar, cada vez que se ha colocado una simple

faja de clausura, la misma era retirada ¿Quién retira las fajas de clausura? Ahí fue

cuando descubrimos que había y hay gente viviendo en el lugar. Gente que no debería

de estar allí, gente que ocupa, o usurpa, un lugar que no les pertenece. Personas que

se han arrogado calidad de “propietarias” o “inquilinas” y que por supuesto no tienen

autorización por los propietarios reales del lugar (que somos mi familia y yo). Es decir,

que el municipio bajo la figura de un Juez de Faltas pega una faja de clausura por

irregularidad de una “obra en construcción” y permite que vivan personas (lugar que

además de no cumplir con normas del código urbano deja mucho que desear en cuanto

edificación y seguridad del lugar). Ante esta situación es que decido enviarle una nota al Intendente de nuestra ciudad, al

Sr. Luis Castellano. Como cualquier rafaelino, pienso que todos tenemos la posibilidad

de hacer llegar nuestras inquietudes, reclamos, sugerencias al intendente de la ciudad.

Entonces me dije, el municipio tiene que estar en conocimiento de esta situación, de

que hay una obra en construcción irregular y nosotros hemos dado aviso en el Juzgado

de Faltas que hay personas viviendo. Es por ello que confeccione una nota solicitando

que la municipalidad nos ayude a buscar una solución ante esta situación tan

apremiante que vivimos. La nota ingresó por Mesa de Entradas, se otorgó el número de

expediente 295656/3 y nunca se obtuvo respuesta. Es más ante averiguaciones

supimos que las notas dirigidas el intendente las “canaliza” el Fiscal Municipal, el Dr.

Daniel Futtero, y por tanto mi hija tomó la decisión de escribirle en dos oportunidades

correos electrónicos. Correos que al igual que la nota física, en papel, nunca tuvieron

respuesta. Solo recibimos el llamado telefónico de un empleado de la fiscalía municipal

anoticiándonos de que le daban intervención a obras privadas.

Otra gran irregularidad que existe por parte del municipio, es que un empelado municipal

utiliza la información que está su alcance y continua estafando personas. “Un abogado”

de la municipalidad cita a distintos perjudicados al edificio municipal para realizar

negocios, que más que negocios son estafas a personas que se encuentran en la misma

situación que nosotros. Esto tampoco le importó al fiscal municipal dado que, pese a los

reclamos realizados, todos siguen prestando funciones en la dependencia local. Allí se

cierra la puerta de la Municipalidad de Rafaela.-

Capítulo aparte me lleva a contar la experiencia que tuvimos con la Empresa Provincial

de la Energía. Como bien expliqué antes, hay gente viviendo en el lugar y bajo calidad

desconocida, personas que se arrogan títulos de propietarios falsos. En el medio de la

explosión de la pandemia, y por aviso de vecinos, me informan que en el lugar existía

un medidor de luz (aclaro que en el año 2013 se dio de baja el servicio de luz porque se

suponía que debían solicitar el servicio bajo la modalidad “luz de obra”). Me dirijo a

Avenida Mitre al 500 (que es donde está la propiedad) y corroboro que existe un medidor

de luz que le otorga suministro a varias unidades, precarias, del lugar. Es así que luego

de varias comunicaciones telefónicas con el Sr. Mauricio Harpman,(personal de EPE

sucursal Rafaela) explicándole lo sucedido es que me dice que haga una presentación

por escrito. Nuevamente escribiendo, detallando la situación de lo sucedido y

acompañando las copias de la escritura pública donde consta en forma clara quienes

somos los propietarios del lugar. En resumidas cuentas y para que todos entiendan, el

servicio de luz se otorga al propietario del inmueble o inquilino con contrato sellado. He

aquí que ninguno de los dueños reales habíamos firmado absolutamente nada a los

fines de que se les otorgue la luz a estas personas. Supimos luego de mucho insistir

que se había entregado en E.P.E un contrato de comodato donde el victimario se

arrogaba la calidad de propietario y le entrega a una persona (cuyas iniciales son M.A.F)

nuestro inmueble. Este contrato totalmente falso tenía las firmas certificadas por un

escribano de la ciudad. Sí, el mismo escribano que en el año 2013 había intervenido en

el “negocio” base y nos había recomendado a quien hoy nos deja en la calle. Pasado un

tiempo razonable y sin tener respuesta de E.P.E sucursal Rafaela, es que decidimos

remitir todo a E.P.E Sucursal Santa Fe. Allí, luego de varios meses, nos llega una carta

certificada donde se nos informa que entienden la situación pero que no van a cortar el

suministro eléctrico. A lo que yo me pregunto, si cualquier persona de bien quiere

requerir el servicio le solicitan un sinfín de documentación, garantías, y acá estábamos

demostrando que los dueños reales del inmueble no habíamos autorizado nada y sin

embargo el servicio subsistía. Aquí se cierra otra puerta, la de la Empresa Provincial de

la Energía. Situación bastante similar ocurrió en Aguas Provinciales. El agua es un servicio

considerado básico y por tanto no puede ser cortado en su totalidad. Ante la falta de

pago (que es lo que sucedió, se generó deuda), Aguas Provinciales coloca un cepo;

esto hace que no se corte el servicio pero que baje muchísimo la presión. Nuevamente

por aviso y reclamos de vecinos de toda la vida, nos informan que desde la propiedad

salía abundante agua en forma constante. Por lo que decidimos averiguar qué era lo

que había sucedido. Tomamos conocimiento de que las personas que “ocupan” lograron

“saltar” el cepo y conectarse en forma directa a la red o caño maestro y así obtienen

agua. Como las instalaciones son totalmente inestables juntan agua en un tanque del

que luego sacan y llevan a cada una de las habitaciones precarias del lugar. Como si

esto no fuese poco, se han destapado las cloacas y las sustancias cloacales salen por

la vereda de Av, Mitre al 500. Esto es totalmente tóxico además de que el olor por

momentos es insoportable desde la propia vereda. Si esto lo vemos nosotros y los

vecinos, ¿ no lo ven las autoridades que tienen que hacer algo?. De más aclarar que

nos dirigimos a las instalaciones de Aguas Provinciales y no obtuvimos respuesta.

También se dejo constancia por la página de internet y la línea de whatsapp habilitada

para reclamos y tampoco nadie respondió. Quiero destacar, que además de estas irregularidades, se han denunciado ante la

justicia y ante el mismo municipio una cantidad de delitos significantes. Por ejemplo se

tenía conocimiento de que personas que habitan el lugar realizaban faenamiento de

carne. Robaban en campos aledaños, y luego la carne era vendida en el mismo

inmueble mediante redes sociales. Esto consta con lujos de detalles en las denuncias

vertidas ante el Ministerio Público de la Acusación. Pero estas denuncias no fueron

realizadas solo por nosotros. También la sección de bromatología de la Municipalidad

de Rafaela ha denunciado está situación. Pero parece que no importa quién denuncie

ni ante que organismo se denuncie, nunca nadie hace nada. Como si fuera poco, y retomando la cuestión judicial, contractual, es que radicamos dos

denuncias ante el Ministerio de la Acusación de la ciudad de Rafaela, motivos más que

suficientes. Si, las denuncias fueron dos, porque la primera nunca avanzó y se archivó

sin siquiera recibir la correspondiente notificación. De esta situación tomamos

conocimiento luego de requerir, vía correo electrónico – no nos olvidemos que existió

la pandemia-, información detallada de la causa y nunca obtuvimos una respuesta

certera. Es por ello que por recomendación de nuestras letradas radicamos una nueva

denuncia en sede fiscal. Denuncia que aparentemente avanza, y digo aparentemente

porque hace algunos meses esperamos que por fin progrese con pie de plomo y se

apliquen las sanciones que sean necesarias. Esta es una de las puertas que aún no se

terminó de cerrar del todo, por lo que estamos confiados en que las autoridades de la

Fiscalía hagan lo que tienen que hacer en cuanto es su deber y responsabilidad.-

La situación que vivimos es desesperante, los días pasan y todas las puertas se cierran.

Yo me pregunto: la Municipalidad de Rafaela, la Empresa Provincial de la Energía,

Aguas Provinciales, el Ministerio Público de la Acusación, ¿son ciegos, sordos y mudos?

Basta de tirarse la pelota unos a otros, es hora que todos hagan lo que tienen que hacer.

Por empezar el Intendente de la ciudad, Luis Castellano, a quien se le requirió que nos

atienda porque existen personas ligadas al municipio (a los que con nuestros impuestos

le pagamos su sueldo) que utilizan información de la municipalidad de para estafar

gente. ¿Hasta cuando tiene que aguantar una familia todas las injusticias que desata la

inacción estatal? Llevamos años de lucha, de tocar puertas y ver que se cierran; la

burocracia de un sistema incapaz de dar respuesta rápida, certera y sobre todas las

cosas justa.-

Se que nuestro caso no es el único en la ciudad, que este sujeto a perjudicado a muchas

personas y familias. Que son varias las propiedades que se encuentran atravesando

esta situación. Muchas personas han sido estafadas bajo promesas falsas, venta de

departamentos que no fueron, y no serán, entregados nunca. Espero que esto llegue

también a esas otras víctimas y realicen las denuncias necesarias a los fines de unir

fuerzas y decir “basta, quiero justicia”. Nosotros dijimos BASTA, hasta acá llegó nuestro

limite del “aguante” y es hora que se haga visible esta situación. Más allá del daño

patrimonial, moral y psicológico que el victimario nos causo, el daño que generan las

instituciones encargadas de velar por todos nosotros que miran hacia un costado. ¿Será

que si les pasa a ellos, a personas de su grupo familiar o social harán algo?

Mauricio Elfenbein 

7.883.536