Con la firma del Intendente Luis Castellano y de la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia Cecilia Gallardo, el Estado local elevó al Concejo, un proyecto de Ordenanza para crear el “Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas”. 

El mismo, había tenido un intento de ver la luz durante

principios de 2019, pero perdió estado parlamentario a instancias del Bloque

Cambiemos, quien había justificado su oposición aduciendo que sería una carga

más a las arcas municipales.  

Según se desprende del documento oficial, esta futura estructura tendrá carácter de ente autárquico y será financiada por los fondos que le sean transferidos por la Municipalidad, así como también por aquellos aportados por la Nación, la Provincia, donados por instituciones o particulares.

De acuerdo con el articulado de la iniciativa, los gastos de funcionamiento de este Instituto serían absorbidos por el Programa Rafaela Evalúa, pero a partir de los próximos ejercicios fiscales, se incluirá en el presupuesto anual una partida específica, que no podrá ser mayor al 1%. Además, aclara, que el Departamento Ejecutivo podrá “disponer transferencias especiales”.  

El proyecto, fechado el pasado 30 de noviembre, está fundamentado en que “es función del Estado nacional, provincial y municipal garantizar un adecuado ciclo de vida para las políticas públicas en todas sus etapas. desde su diseño y planificación. posterior implementación. hasta su apropiado monitoreo y evaluación”.

Asimismo, sostienen desde el Departamento Ejecutivo, que este nuevo espacio organizacional permitirá “aumentar la efectividad, sostenibilidad, economía, eficiencia y eficacia de la intervención del Estado a través de la medición científica y sistemática. el análisis de los impactos y resultados de las políticas públicas y la gestión del conocimiento público de manera participativa y transparente”.

Todo ello, se traduce en la pretensión de la administración local de generar esta nueva estructura municipal que, en caso de aprobarse, estaría integrada por el SEOM, el Consejo Universitario de Rafaela y el Consejo Consultivo Social, además de la Federación de Entidades Vecinales.