En el encuentro realizado este viernes al mediodía, los representantes de las comisiones de industrias del centro oeste santafesino debatieron acerca de los principales temas de agenda que afectan al sector industrial, centrando sus análisis en la elevada litigiosidad laboral, la creciente presión tributaria provincial y la incertidumbre respecto al seguro ambiental.
Por un lado, la demora del gobernador Miguel Lifschitz en enviar el proyecto de ley que establezca la adhesión provincial a la ley nacional 27.348, complementaria de la ley de riesgos del trabajo genera fuerte preocupación. La expectativa empresarial de concretar ésta gestión es cada vez mayor, considerando que ya han adherido San Juan, Río Negro, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y en Corrientes ya cuenta con media sanción en Diputados). La adhesión permitiría mejorar la situación en nuestra provincia, ya que actualmente las empresas santafesinas pagan 4,6% de alícuota por los trabajadores adheridos al sistema de riesgo del trabajo cuando el promedio nacional es de 3,3%. Además, en nuestra provincia es donde más juicios por accidentes laborales se inician y donde se fijan los mayores montos indemnizatorios.
A su vez, dado que con la potencial adhesión las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se convertirían en la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente donde el trabajador deberá realizar el reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad laboral, se espera un impacto atendible en la actividad médica, administrativa y operativa de las mismas. En éste sentido, resulta ineludible la descentralización de las comisiones médicas hacia localidades claves de la provincia, entre ellas Rafaela. Es por esto que los industriales consideran que la apertura de nuevas delegaciones en el interior de la provincia permitirá mejorar los tiempos de atención ofreciendo una mejor respuesta al damnificado, y disminuyendo el stock de reclamos, además de reducir los niveles de litigiosidad.
Por otro lado, provoca sensaciones encontradas la falta de respuestas del gobernador al pedido de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) para prorrogar la suspensión de la puesta en vigor de la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) hasta que se instrumente un mecanismo efectivo de transferencia de riesgos. En éste sentido, los empresarios coincidieron en que hay que profundizar el debate público en torno a las distintas posibilidades de contratación que satisfagan los requerimientos legales y las expectativas de los sujetos involucrados, a la vez que contribuya a la gestión sustentable del ambiente.
Además, se abordó el acuerdo tributario que impulsa el gobierno provincial, a través del cual se pretende aumentarle el impuesto a los ingresos brutos a las grandes industrias santafesinas. A raíz de la declaración de inconstitucionalidad de las tasas diferenciales en el impuesto a los Ingresos Brutos, establecidas por algunas provincias para contribuyentes que realizan actividad en esa jurisdicción pero fabrican sus productos en otra, los gobiernos provinciales acordaron, en el “Consenso Fiscal”, eliminar dicho tratamiento diferencial y unificar la alícuota, para 2018, en el 2%. De esta manera, con el “ahorro” que el contribuyente tenga por pagar una alícuota menor en otras provincias (las empresas de extraña jurisdicción pagan actualmente, por ejemplo, el 4% en Córdoba), podrán destinarlo a solventar el incremento que proponen en Santa Fe.
En síntesis, el año próximo la presión fiscal en Santa Fe para éste segmento de industrias santafesinas no disminuirá, sino que aumentará considerablemente, más allá de que dicha alícuota bajaría 0,5% por año hasta eliminarse en el 2022. En este sentido, se observa con preocupación y sin sentido seguir insistiendo en la opción más regresiva que existe: el impuesto a los ingresos brutos. Es por esto que los dirigentes sostuvieron la necesidad de elevar al máximo los esfuerzos gubernamentales para erradicar la economía informal, de manera de incrementar la base de contribuyentes y así poder mejorar los ingresos públicos sin la necesidad recurrente de presionar sobre quienes siempre pagan. A su vez, se planteó que es imprescindible que los diferentes niveles de gobierno planteen una discusión seria sobre cómo avanzar hacia una mayor eficiencia integral de todas las estructuras estatales y garantizar un uso racional y eficiente de los ingresos públicos.
Otros temas
El encuentro también sirvió para repasar otros temas de agenda que afectan al sector industrial. Al respecto, se planteó la preocupación por los nuevos aumentos de los precios mayoristas de la energía eléctrica y los precios del Gas Natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) anunciados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que se complementan también a los incrementos que del valor agregado de distribución, tanto de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe como de Litoral Gas SA correspondientemente.
La política monetaria del Banco Central de la República Argentina también fue tema de debate, dado que las herramientas que utiliza para atacar la inflación provocan aumentos significativos de los costos de financiamiento, sobre todo para las PYMES.
En representación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región participaron Andrés Ferrero, Rubén Burkett, Diego Turco y Adolfo Hartmann.
