Desde hace mucho tiempo los rafaelinos sabemos que hay temas que por su trascendencia y magnitud requieren de políticas de Estado que no tengan la interferencia de las mezquindades partidarias y donde cada uno, con responsabilidad, se haga cargo de la parte que le corresponde, sin huir del debate público.

La seguridad es uno de esos temas. Por imperio de múltiples factores hoy la seguridad de bienes y personas es la principal preocupación de los vecinos de Rafaela. La complejidad del problema es enorme y el desafío excede a un gobierno, a un partido, a una institución. Nos compete a todos, desde el núcleo familiar al que individualmente pertenecemos, hasta la comunidad en la que convivimos.

Lamentablemente todavía persisten los sectores político-partidarios que pretenden recoger migajas de rédito sobre el sufrimiento y los temores de miles de rafaelinos que padecen la inseguridad, sea porque han sufrido un delito en carne propia o porque sienten que el turno de sufrirlo le puede llegar en el momento menos pensado. En esa línea la Junta Ejecutiva del Partido Demócrata Progresista y el concejal electo Lisandro Mársico se anotaron en primera fila con una insólita “ofensiva de prensa” en la que se lanzaron a comentar una marcha organizada dos semanas atrás por la Federación de Entidades Vecinales.

El PDP pretende jugar a las ironías citando los testimonios valientes de vecinos que se animaron a plantear con el máximo respeto y claridad sus temores y necesidades. Con la soberbia que surge de la hipocresía, el PDP focaliza su mensaje en un dirigente vecinal, como si solamente uno hubiera sido el que convocó a la marcha, pretendiendo restarle legitimidad por el solo hecho de la identidad peronista del convocante y porque además, oh pecado capital, los vecinos no pasaron por la Municipalidad y, segundo pecado capital, se dejaron acompañar por funcionarios municipales a los que, parece ser, no consideran ciudadanos con derecho a expresarse en una problemática que los excede.

Lo peor de todo es que el PDP se presenta como un testigo imparcial de los acontecimientos, con derecho a repartir acusaciones e ignorar responsabilidades propias.

Hipócritamente, el PDP no le dice a los rafaelinos que integra el Frente Progresista Cívico y Social que desde hace 8 años gobierna la provincia y que es el gran responsable del desmadre absoluto en que se encuentra la situación de seguridad en todo el territorio santafesino.

Hipócritamente el PDP calla sus relaciones carnales con el gobierno provincial que desarticuló la organización policial convirtiéndola en un amasijo de dependencias en donde sobran los jefes y no hay jefatura; donde sobran los funcionarios y casi nada funciona; donde sobran las “policías” (Comunitaria, Táctica, Vial, Drogas, Trata de Personas y sigue la lista) y faltan policías.

Hipócritamente, el PDP oculta su condición de socio privilegiado del socialismo gobernante en la provincia, beneficiario de los acuerdos de cúpula que en Rafaela le dieron el primer lugar de la lista del FPCyS a Lisandro Mársico. Pretende, desde el lugar del “yo no fui”, señalar culpas, cuestionar acciones, ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.

Hipócritamente, y casi con sorna, el PDP pretende que la GUR y el personal de Protección Vial y Comunitaria identifiquen personas en la vía pública, fomentando la estimagtización de los pobres y alentando la sospecha sobre el delito de “portación de cara”, mientras palmea la espalda de los dirigentes que llevaron a que Santa Fe tenga por primera vez a un jefe de policía de la provincia preso y en situación de juicio oral público por su connivencia con el narcotráfico.

Hipócritamente, el PDP no se hace cargo de compartir la gestión pública con un gobierno que desbarrancó la economía provincial, tirando por la borda los años de mayor recaudación fiscal y dejando al Estado santafesino al borde de la cesación de pagos, engordando la estructura de los nodos para darle conchabo a sus amigos. Socio en la hora de beneficiarse con la generosidad del Estado, la dirigencia del PDP pretende que todos ignoren su participación cuando la sociedad reclama que se hagan cargo de sus desaguisados.

Hipócritamente, el PDP se asusta por la participación de ciudadanos con responsabilidad de funcionarios públicos municipales en una marcha pacífica que sólo se atrevió a pedir que los policías persigan delincuentes, que los fiscales acusen y que los jueces juzguen.

Para el PDP, la culpa es nuestra, de los rafaelinos, de las víctimas, por no cuidarnos, por no defendernos, por no hacer lo que no estamos facultados para hacer. La culpa es nuestra. Tuya, que fuiste a la marcha. O tuya, que te quedaste en tu casa. De tu familia, de la GUR, de los inspectores municipales, del intendente, de los asistentes sociales. Para el PDP la GUR debería ser una especie de Gendarmería urbana y los inspectores de tránsito ya no deberían solamente verificar el uso de casco, sino también identificar y perseguir delincuentes.

Para el PDP la culpa de la inseguridad no es de Tognoli ni el que nombró a Tognoli tiene algo que ver con la intranquilidad que ha ganado nuestras calles. La inseguridad no es culpa de los narcos que enferman a la sociedad, que contaminan la vida de la ciudad. No, la culpa es tuya que no los denunciás. La responsabilidad no es de lo abandonaron la conducción política de la policía, no es del gobierno que no designa nuevos fiscales porque se gasta la plata en acomodar a los punteros y a los amigos del PDP en cargos y puestos inútiles. La fiesta la tenés que pagar vos y si hay daños en el salón, también te toca pagarlos.

Vuelva, don Luis Peretti. Explique a los muchachos que comparten la tertulia de los lunes en calle Maipú qué dice la ordenanza de creación de la GUR que usted votó. Lo extrañamos, don Luis, porque usted sabía defender los intereses de Rafaela por encima de las alianzas políticas de ocasión. Usted sabía que cada peso que los rafaelinos ponen para hacerse cargo de responsabilidades cuya competencia específica pertenece a otras esferas del Estado es un peso menos en la atención de lo que sí corresponde atender desde el municipio. Don Luis, haga docencia con el Dr. Lisandro Mársico, que el 10 de diciembre dejará de ser testigo imparcial y pasará a ser partícipe necesario de la responsabilidad de legislar para bien de los rafaelinos.

La seguridad nos preocupa. Nos duele, nos amarga, nos ocupa. No necesitamos la hipocresía de los que tiran el carro para atrás mientras pegan latigazos a los caballos que hacen fuerza para mantenernos en ruta.