El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe resolvió condenar a María Guillermina Herrera y a José Luis Vega a las penas de entre 5 y 8 años de prisión, por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. 

El fallo, que lleva la firma del Juez de Cámara Luciano Lauría puso fin a una extensa investigación, que inició el 10 de abril de 2014, a partir de un llamado anónimo a la sede de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del delito de Trata de Personas Delegación Rafaela.

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Lauría sostuvo su decisión argumentando que se encuentra probado que, desde el mes de mayo del 2018 hasta el 25 de mayo de 2019, José Luis Vega y María Guillermina Herrera “se beneficiaron económicamente del comercio sexual de cuanto menos tres mujeres –R.A.L., A.F.G. y A.M.I.- que desarrollaban su actividad en el domicilio de calle Edison 244 de la ciudad de Rafaela”.

De la misma manera, para el Juez quedó acreditado que, durante todo ese tiempo, Vega también obtuvo beneficios económicos provenientes del ofrecimiento sexual realizado por distintas mujeres –D.S.P., A.M.M., P.R.H., Y.J.L. y A.R.H.- en el domicilio de calle Alvear 1384, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de cada una de ellas.

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Las pruebas colectadas por la Justicia fueron sustanciales para al señalar la relación existente entre las víctimas y los encartados, los cobros de “pases” y las retenciones realizadas; siendo Vega quien proporcionaba el sitio para que residan y ejerzan la prostitución y Herrera quien dirigía cuanto menos la finca de calle Edison 244.

Incluso, se destaca que los reportes de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales revelaron a los dos condenados en inmediaciones del lugar, constataron la presencia de mujeres en situación de prostitución; quedando todo esto acreditado con el hallazgo durante la intervención policial, de gran cantidad de preservativos con y sin uso, geles íntimos y documentación con anotaciones relacionadas a cifras diarias, gastos, deudas y referencias.

”Indicios graves y concordantes que establecen su directa participación criminal”

El fallo del T.O.F. sostiene que Vega tenía una actuación “discreta y preponderante en el acontecer delictivo”, siendo quien proporcionaba los lugares para el desarrollo de la explotación sexual, los cuales estaban a su nombre. 

En cuanto a Herrera, las declaraciones de las víctimas la ubican como encargada de la organización y administración al menos, de uno de los inmuebles. 

Incluso estaba a cargo de anotar los “pases” y les retenía parte del dinero en concepto de alquiler, descontando los gastos, alimentación, higiene y limpieza.

3.500 pesos en concepto de alquiler, más gastos de alimento y limpieza

Tanto del domicilio de calle Edison como el de Alvear, los dos acusados obtuvieron, según se desprende de la condena “un porcentaje considerable del dinero recaudado”, permitiéndole a sus víctimas disponer del dinero una vez que se le realizaran los descuentos establecidos, que consistían en el 50% de cada “pase”. 

Si se toma en cuenta la palabra de las víctimas, el “pase” oscilaba entre los 400 y 1.500 pesos, según el tiempo exigido por el cliente. 

De ese número, los proxenetas se quedaban con una porción en concepto de alquiler, alimento y limpieza. Una cifra cercana a los 3.500 pesos que se depositaban en una cuenta bancaria a nombre de Vega. 

Vulnerabilidad y un “circuito prostituyente”

El Juez de la causa fundamentó su decisión tambien debido a la “existencia de evidentes indicadores de vulnerabilidad en las víctimas, de los que Vega y Herrera se aprovecharon para obtener el beneficio económico.

En este sentido, se pudo constatar que las mujeres que residían en el domicilio de calle Edison 244, todas eran oriundas de la ciudad de Santa Fe, tenían hijos menores a su cargo, no habían concluido nivel primario educativo y se involucraron y fueron víctimas desde muy jóvenes del circuito prostituyente. 

Las mismas situaciones se repetían entre las mujeres que fueron halladas en la finca de calle Alvear 1384. 

Todas refirieron ser la principal fuente de subsistencia de sus hijos, quienes se encontraban en sus ciudades y país de origen al cuidado de sus familiares.

Algunas de ellas eran de nacionalidad dominicana, y acabaron en Rafaela en un intento por resolver las necesidades económicas urgentes de sus familias. 

Una investigación “dormida” durante cuatro años

Según consta en el documento judicial, a raíz de ese dato, primero tuvo intervención la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe-, ordenando diversas medidas identificando lugares y a los presuntos implicados en el accionar, declarándose luego incompetente al asegurar que se trataba de un delito federal. 

Por esta contienda, la causa “durmió” hasta mayo del 2018, cuando la Cámara Federal de Rosario determinó que era el Juzgado Federal de Rafaela quien debía intervenir en las actuaciones. 

Tras cuatro años inactivo, el expediente avanzó sustancialmente con la intervención de la Fiscalía Federal de Rafaela, logrando profundizar en las pesquisas que desembocaron, en marzo del 2018, en distintos allanamientos en domicilios de la ciudad, permitiendo con ello identificar entre otros a José Luis Vega y Guillermina Herrera, e intervenir sus comunicaciones telefónicas.

Posteriormente, en mayo del 2019 se ordenaron once allanamientos y se detuvo a los dos principales investigados. 

El 19 de junio del mismo año se dicta el procesamiento de Vega y Herrera como presuntos autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado su explotación, convirtiendo en prisión preventiva sus detenciones.

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Finalmente, en las últimas horas, Lauría, resolvió condenar a ambos, a instancias de un juicio del que también formaron parte la Fiscal auxiliar Dra. Jimena A. Caula, el defensor público oficial Dr. Fernando Sánchez y los defensores particulares Dres. Hernán Domenella y Pablo Mosconi. 

José Luis Vega, que actualmente se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, fue condenado como autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas a la pena de cinco 5 años y seis meses de prisión, con más las accesorias legales. 

Por su parte, María Guillermina Herrera, quien llegó a esta instancia judicial cumpliendo arresto domiciliario, fue condenada a la pena de cinco años por el mismo delito que Vega. 

No obstante, a Herrera se le unificó una pena dictada en marzo de este año, cuando la condenaron por “captar” a una embarazada de 19 años, la cual pudo escapar del prostíbulo donde estaba encerrada y denunciar lo ocurrido en 2014. 

Con este precedente, Herrera recibió una pena única de ocho años y seis meses de cárcel.