RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. La investigación por el intento de extorsión que tiene como principal acusado al empleado judicial Eduardo Del Favero sumó una nueva resolución en Tribunales de Rafaela. En una audiencia imputativa y cautelar realizada este miércoles, la Justicia dispuso 30 días de prisión preventiva para el policía señalado como uno de los participantes del hecho.
La medida había sido solicitada por la fiscal Dra. Fabiana Bertero y acompañada por la querella representada por el Dr. Carlos Farías Demaldé. La defensa, a cargo del Dr. Federico Scarinci, en cambio, pidió que el imputado pudiera continuar el proceso en libertad, bajo una serie de restricciones. Finalmente, el magistrado José Luis Estevez entendió que todavía existe un riesgo concreto para la investigación, especialmente porque resta identificar a una tercera persona que habría intervenido en el episodio.
La acusación: una intervención policial que habría sido simulada
De acuerdo con la imputación fiscal, el hecho ocurrió el 15 de octubre de 2026, alrededor de las 19:15, en una vivienda de Rafaela. Allí, el policía habría concurrido junto a una mujer que todavía no fue identificada, simulando una intervención policial.
La Fiscalía sostiene que ambos llegaron antes que Del Favero y que el efectivo llevaba una insignia de la Policía de Santa Fe. Esa puesta en escena habría servido para dar apariencia de legitimidad a una situación que, según la acusación, no correspondía a ningún procedimiento oficial.
Posteriormente llegó Del Favero, quien habría ingresado a la vivienda e intentado que dos adultos mayores firmaran documentos por los que asumieran obligaciones económicas de 30.000 y 35.000 dólares. Para conseguirlo, según la investigación, les habría advertido que su hija y su yerno estaban siendo investigados por presuntas estafas y que podían enfrentar penas de entre 15 y 20 años de prisión.
La maniobra no habría logrado su objetivo por circunstancias ajenas a la voluntad de los involucrados.
Por estos hechos, al policía se le atribuyó la presunta participación secundaria en una extorsión en grado de tentativa y el delito de abuso de autoridad, en concurso ideal.
La Fiscalía sostuvo que los relatos de las víctimas fueron coincidentes y que encontraron respaldo en registros de cámaras de seguridad de viviendas y calles cercanas. También señaló que el hombre que aparecía con insignias policiales fue identificado por personas que lo conocían por su trabajo en Tribunales.
Fiscalía y querella advirtieron sobre el riesgo de entorpecimiento
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscalía sostuvo que la investigación permitió reconstruir la secuencia de llegada de los involucrados: primero habrían arribado el policía y la mujer, y luego Del Favero, quien habría tomado el control de la situación. Los dos primeros se retiraron cuando este último ingresó a la vivienda.
Para la acusación, la intervención del efectivo no fue casual, sino que habría contribuido a generar un escenario de apariencia oficial que facilitó el desarrollo de la presunta extorsión.
Uno de los principales argumentos para pedir la detención fue que todavía no se logró identificar a la mujer que habría participado. La fiscalía consideró que la libertad del policía podría permitirle coordinar alguna maniobra con esa persona y dificultar su localización.
En su última intervención, la representante del Ministerio Público rechazó que la falta de identificación de la tercera involucrada pudiera atribuirse a una falla del Estado. Sostuvo que podría existir un acuerdo previo entre quienes participaron del hecho y que era necesario proteger las tareas investigativas para evitar que fueran frustradas.
También aclaró que toda la evidencia utilizada para formular la imputación había sido puesta a disposición de la defensa, aunque existen otras diligencias en curso que no podían ser reveladas.
La querella adhirió al planteo fiscal y consideró que la presencia del policía fue determinante para generar confianza y colocar a las víctimas en una situación de vulnerabilidad. Además, sostuvo que su condición de funcionario público y el uso de insignias oficiales agravaban la conducta atribuida.
La defensa propuso medidas alternativas
La defensa se opuso a la prisión preventiva y cuestionó tanto la calificación legal como el alcance de la participación que se le atribuye al policía.
En particular, sostuvo que la Fiscalía lo ubicó como partícipe secundario de la presunta extorsión porque no habría tenido una intervención directa en las exigencias económicas. Según planteó, de los testimonios surge que el efectivo no habló con las víctimas ni intervino en la lectura o presentación de los documentos.
También puso en duda que estuviera demostrado que conocía el propósito de Del Favero y que hubiera actuado con voluntad de colaborar con la supuesta exigencia de dinero. En cuanto al abuso de autoridad, cuestionó que se encontraran reunidos los requisitos para configurar ese delito.
Respecto de los riesgos procesales, la defensa señaló que el imputado tiene arraigo familiar y domicilio. Afirmó que no existían elementos concretos que demostraran que pudiera interferir en la investigación por su condición de policía y cuestionó que se presumiera que conocía la identidad de la mujer que todavía no fue localizada.
Como alternativa a la prisión, propuso que permaneciera en su domicilio bajo la guarda de su pareja, con una caución personal de 10 millones de pesos, presentaciones semanales en la comisaría de Lehmann, prohibición de contacto con las partes y de ingresar a Rafaela.
La defensa también sostuvo que no correspondía mantener detenido al imputado para obtener información sobre la tercera persona, ya que su identificación es una tarea que debe llevar adelante el Estado.
El temor de la familia de las víctimas
Antes de la resolución, el yerno de las víctimas (y también presentado como vìctima indirecta del hecho) pidió la palabra y describió cómo el episodio continúa afectando a su familia.
Contó que las declaraciones y versiones que circularon durante las audiencias anteriores también tuvieron consecuencias en su vida cotidiana. Explicó que su familia se encuentra nerviosa incluso cuando alguien se acerca a la vivienda para entregar un paquete y que su suegra tiene temor de que la tercera persona involucrada pueda presentarse en el domicilio o enviar a alguien.
El hombre manifestó que las medidas alternativas propuestas por la defensa no le parecían suficientes y expresó que le daría tranquilidad que los involucrados continuaran detenidos mientras se intenta identificar a quien todavía permanece sin localizar.
Además, dijo estar convencido de que el policía podría interferir en ese objetivo.
El juez dispuso 30 días de prisión preventiva
Al fundamentar su decisión, el magistrado consideró que en esta instancia se encontraba acreditada, con el grado de probabilidad requerido para una medida cautelar, la posible participación del policía en el hecho. Aclaró que esto no implica una declaración de culpabilidad ni una certeza sobre lo ocurrido.
Al analizar el rol que habría tenido, sostuvo que la simulación de un procedimiento policial habría tenido una finalidad concreta: hacer creer a las víctimas que existía una intervención oficial y respaldar de esa manera el escenario planteado por Del Favero.
También se refirió a la discusión sobre una eventual pena de cumplimiento efectivo. Si bien reconoció que la defensa planteó una posible condena condicional, consideró que las circunstancias del hecho y la intervención de un funcionario público eran elementos que debían ser valorados al realizar esa proyección.
El magistrado reconoció, por otra parte, que el imputado cuenta con arraigo familiar y un domicilio conocido. Sin embargo, entendió que esas condiciones no alcanzaban para neutralizar el riesgo de entorpecimiento.
En ese punto, puso especial atención en la necesidad de identificar a la tercera persona que habría participado. Consideró que, por la función que cumplía el policía, podía inferirse que en libertad tendría posibilidades de obstaculizar esa tarea o contribuir a que la mujer permaneciera oculta.
Finalmente, resolvió dictar 30 días de prisión preventiva, al considerar que esa medida era necesaria para resguardar la investigación y permitir avanzar en la identificación de la persona que todavía no fue localizada.
