Una audiencia desarrollada de manera virtual de la que participó RAFAELA NOTICIAS dejó este miércoles con prisión preventiva a Aida M., una mujer de nacionalidad boliviana acusada de transportar más de 47 kilos de cocaína ocultos entre mercadería y elementos de uso cotidiano en un colectivo de larga distancia que viajaba desde Salta.
La investigación apunta a una maniobra de narcotráfico de gran escala. Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia realizada vía Zoom a través de los Dres Federico Grimm y Pablo Micheletti, la imputada habría trasladado 44 paquetes de clorhidrato de cocaína escondidos en 13 bultos que contenían ropa, peluches y frazadas.
El operativo se concretó el pasado 10 de mayo en Campo Garay, la intersección de las rutas provinciales provinciales número 2 y 17, durante un control de Gendarmería Nacional de Ceres sobre un ómnibus de pasajeros proveniente de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta.
De acuerdo a la acusación, el procedimiento comenzó como un control rutinario enmarcado en una orden operacional. Los gendarmes verificaban documentación y equipaje cuando detectaron encomiendas sospechosas por el fuerte olor a pintura y la ausencia de identificación visible.
Con autorización judicial, los efectivos abrieron una de las cajas y encontraron más de 20 kilos de cocaína ocultos en dobles fondos de bandejas enlosadas. A partir de allí, la inspección se extendió al resto de los bultos transportados en el colectivo.
Fue en ese contexto que aparecieron paquetes con pesos y características compatibles con estupefacientes dentro de pertenencias atribuidas a la imputada. Según la Fiscalía, la mujer reconoció como propios varios de los bultos que inicialmente no tenían identificación, lo que derivó en una requisa más profunda autorizada por la Justicia.
El resultado final del procedimiento fue el secuestro de 47,12 kilos de cocaína distribuidos en 44 paquetes, además de un teléfono celular marca Honor.
Una versión defensiva centrada en los “bagayeros”
Durante la audiencia, la acusada negó conocer la existencia de droga en los paquetes y aseguró que nunca tuvo intención de transportar estupefacientes.
Según su relato, había entregado cuatro lonas grandes a una mujer llamada Jimena y a su pareja, quienes trabajaban como “bagayeros” en la zona de Bermejo. Explicó que, al momento de la descarga, no pudo reconocer con precisión sus pertenencias porque los bultos estaban dispersos y mezclados con otras compras que había realizado, entre ellas ropa, peluches y frazadas.
Aida M. sostuvo que identificó algunos elementos por los productos que contenían, pero no por la cantidad exacta de paquetes. También remarcó que su intención era regresar a su hogar junto a sus hijos y desligó cualquier vínculo con el cargamento de cocaína.
Más de 500 millones de pesos
La Fiscalía presentó distintos elementos de prueba para sostener la imputación por transporte de estupefacientes agravado, previsto en la Ley 23.737.
Entre las evidencias mencionadas durante la audiencia virtual se incluyeron las actas del operativo, los informes químicos preliminares con resultado positivo para cocaína, fotografías y croquis del procedimiento, entrevistas a testigos, declaraciones de personal de Gendarmería, listas de pasajeros y peritajes sobre el valor de la droga secuestrada. Según se indicó, el cargamento tendría un valor superior a los 500 millones de pesos.
Los investigadores también remarcaron que la magnitud del transporte y la logística utilizada podrían estar vinculadas a una organización narcocriminal más amplia, motivo por el cual solicitaron medidas adicionales de investigación.
Prisión preventiva y apertura del celular
El Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva por 120 días al considerar acreditada la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales.
Entre los argumentos expuestos se mencionó la gravedad del delito, la elevada expectativa de pena —que va de 4 a 15 años de prisión—, la posibilidad de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente ante la necesidad de identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el origen y destino de la droga.
La defensa no se opuso formalmente a la medida cautelar. Explicó que no contaba aún con documentación suficiente para acreditar vínculos familiares o arraigo, aunque adelantó que podría solicitar una revisión más adelante.
Finalmente, el juez hizo lugar al planteo fiscal y ordenó la prisión preventiva por 120 días, plazo que también fijó para la investigación penal preparatoria.
Además, autorizó una serie de medidas complementarias que podrían resultar claves para profundizar la pesquisa: la apertura y extracción de datos del teléfono celular secuestrado, el análisis de registros de llamadas y tráfico de datos de distintas líneas telefónicas vinculadas a la imputada y el levantamiento del secreto bancario y financiero para rastrear movimientos económicos realizados entre enero y mayo de este año.
La investigación continuará ahora enfocada en determinar si el cargamento tenía destino en Santa Fe y si detrás del traslado existía una estructura organizada dedicada al narcotráfico.
