l presidente de la Corte Suprema chilena, Sergio Muñoz, fustigó las críticas del presidente Sebastián Piñera al actuar de la Justicia en causas de supuesta violencia indígena en el sur de Chile.

"Nos vamos a tener que acostumbrar a esta crítica política, general, infundada, y carente de antecedentes", aseveró Muñoz en su primer día al frente del máximo tribunal.

El juez, de larga trayectoria en derechos humanos, aseguró que no caerá en un enfrentamiento permanente con el gobierno, pues ello afecta "los cimientos de la democracia".

Piñera, quien abandonará el poder en marzo en favor de la opositora y socialista Michelle Bachelet, cuestionó la postura de los tribunales en el llamado "conflicto mapuche".

"Sentimos que algunos jueces, porque no son todos los jueces, no están aplicando la ley de acuerdo a su espíritu y a su letra, porque a veces se privilegian más los intereses de los delincuentes, que los derechos de las víctimas", aseguró el mandatario.

"El terrorismo y la delincuencia no van a prevalecer en La Araucanía", agregó el presidente Piñera.

Los sucesos de violencia en La Araucanía, ubicada en el sur de Chile, están ligados a la lucha de los mapuche por autonomía y restitución de tierras, en una zona con presencia de industrias forestales que poseen millones de hectáreas.

"Nos vamos a tener que acostumbrar a esta crítica política y carente de antecedentes", dijo el magistrado de Piñera.

Desde el retorno a la democracia en 1990, cuatro activistas mapuche fueron asesinados por policías y desconocidos. Asimismo, dos agricultores no indígenas fueron incinerados vivos en su casa.

Organismos de Naciones Unidas, como Unicef, denunciaron los últimos años abusos, flagelos y baleos a decenas de niños de la etnia mapuche a manos de la policía, en especial en la comunidad de Temucuicui, en el sur del país.

Los mapuches, que mantuvieron una guerra de 300 años con España antes de ser "pacificados" e integrados a Chile en el siglo XIX, viven en las ciudades y los campos, con índices de pobreza por debajo del promedio nacional, según cifras oficiales.

Varios de sus líderes comunitarios fueron juzgados bajo los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010) con una polémica Ley Antiterrorista que permitía juicios dobles y el uso de testigos secretos pagados que no podían,ser interrogados por los abogados defensores.