En la mañana de este miércoles, a través del Programa Radial Conectados (FM 89.7), dialogamos con José Luis Rossetto, director de la Caja de Pensiones Sociales acerca del convenio firmado con el Ministerio Público de la Acusación, donde establecen una asistencia económica a víctimas de delitos.
En relación a ello, Rossetto explicó que a partir de la reforma de la Ley 5.110 “fuimos instrumentando todos los requerimientos que nos estaban pidiendo justamente para poder hacer el decreto reglamentario para empezar a aplicar la ley”.
Con respecto al artículo 7 bis, que es el que regula estas pensiones para víctimas de delito, “quedan incluidas personas mayores de 18 años que hayan sufrido un delito por el cual hayan tenido una incapacidad superior al 40%”.
Al ser consultado por quiénes serían los beneficiados, expuso que son personas que estén en vulnerabilidad social. “Para que se entienda, que estén dentro de los márgenes de lo que marca la pobreza”. Además, agregó: “Y para las víctimas que fallecieron, para el grupo familiar conviviente si está en estas condiciones sociales también se le da un beneficio justamente a los familiares convivientes”.
En ese sentido, José Luis brindó un ejemplo:
Una persona que en un robo recibe un disparo de arma de fuego o bien una herida corto punzante que afecte a algún órgano que le impide desarrollar sus tareas habituales, puede ser un disparo en una pierna que le dificulte caminar o hacer fuerza y obviamente su actividad estaba vinculado a este tipo de necesidad, puede acceder a este beneficio con un 40% de discapacidad. Esto lo determina este el médico a través de un certificado oficial de la caja de pensiones.
Por último, sostuvo que el subsidio sería para el resto de la vida. “Si la incapacidad es por tres o “x” cantidad de años y la persona se puede volver a integrar a sus actividades económicas y laborales, será por ese por ese lapso de tiempo”.
