Según las estadísticas, que provee la Agencia Nacional de Materiales Controlados o ANMC –ex RENAR– en la actualidad existen 1.562.332 armas de fuego registradas en el país. Dentro de esta cifra se incluyen aquellas que pertenecen a las fuerzas armadas y policías. Según estimaciones, por cada arma legal existe una ilegal afirma Natalia Gambaro, Titular de la Agencia.

El 86% de las armas que circulan en el país pertenecen a usuarios civiles y el 96,6% de los usuarios registrados son varones. Uno de cada 13 argentinos en la actualidad está armado y en comparación con otros países, las cifras nacionales son bajas.

El problema que conlleva esta situación es que las armas de fuego se han convertido en los últimos tiempos en el canal necesario para el desarrollo de la violencia y una herramienta elegida para la comisión de crímenes. Esta violencia no necesariamente está asociada a robos, sino que suele proyectarse dentro de escenarios de violencia familiar, disputas entre vecinos y exceso en cuanto a situaciones de violencia.

La presencia de armas en el hogar suele estar relacionada como una herramienta más para combatir la inseguridad, pero esta supuesta protección termina generando en un peligro aun mayor para los portadores.

Actualmente la principal herramienta en contra de este problema son las estrategias de control y destrucción de armas. El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego es la principal apuesta del ANMC destinado a disminuir la circulación de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada. El plan tiene otras dos aristas: la primera consiste en continuar con la destrucción de armas provenientes del delito, medida en la que participan además la mayoría de las provincias y acentuar los controles para el otorgamiento de los permisos para tenencia y portación.

Según publicaciones de dicho organismo se afirma que en los diez años que lleva el programa, se han destruido más de 175.000 armas.

La proliferación de armas presenta un problema grave ya que desde 2012 a esta parte, la mayor cantidad de homicidios dolosos de todo el país fueron cometidos con armas de fuego. Desde entonces, la situación preocupa sobremanera a la sociedad ya que el mercado ilegal presenta una fuente de proliferación de armamento que en la mayoría de los casos se encuentra relacionado a la comisión de delitos.

Además de las medidas tomadas por parte de la ANMC han habido otras a nivel provincial como la intención de crear una unidad fiscal que investigue la comercialización de armas de fuego y proyectiles en la provincia de Santa Fe.La medida tiene por finalidad iniciar investigaciones que estén concatenadas con otros delitos y así dotar a la justicia de una mirada más integral del hecho.