El acceso a la salud es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y por distintos tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica, muchas personas se encuentran con negativas de sus obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI o incluso sistemas provinciales como IAPOS al momento de solicitar tratamientos o prestaciones médicas.
En una entrevista con Rafaela Noticias, la abogada Andrea Steinberger explicó que, frente a estas situaciones, existe una herramienta judicial denominada amparo de salud, que permite reclamar el cumplimiento de las coberturas cuando un derecho es vulnerado.
La profesional señaló que el concepto de salud no se limita únicamente a la ausencia de enfermedad, sino que comprende el bienestar físico, psíquico y social de las personas. Además, recordó que el Plan Médico Obligatorio representa solo el piso mínimo de prestaciones que deben brindar las obras sociales y prepagas, por lo que pueden existir tratamientos que también deban ser cubiertos aunque no figuren expresamente en ese listado.
Según explicó, cuando una prestación es rechazada o autorizada de manera parcial, y una vez agotada la instancia administrativa, el paciente puede iniciar un amparo de salud ante la Justicia Federal. En estos casos, el juez evalúa la documentación médica y puede ordenar la cobertura mediante una medida cautelar cuando existe urgencia, un derecho vulnerado y riesgo en la demora.
Steinberger indicó que esta vía resulta especialmente importante en tratamientos de alto costo, como algunas inmunoterapias para pacientes oncológicos, cuya cobertura suele ser rechazada pese a contar con autorización sanitaria y respaldo médico. En esos casos, sostuvo que la Justicia suele ordenar que las prestaciones sean brindadas en plazos de entre 24 y 48 horas mientras continúa el trámite del amparo.
La abogada también remarcó que el amparo no se limita a medicamentos o tratamientos, sino que puede utilizarse para reclamar prestaciones destinadas a personas con discapacidad o adultos mayores, como cuidadores domiciliarios o internaciones geriátricas cuando existe indicación médica y la cobertura correspondiente.
Finalmente, invitó a quienes atraviesen este tipo de situaciones a asesorarse y realizar la consulta, destacando que existen alternativas para acceder a la Justicia sin que los costos iniciales representen un impedimento.
