La CGT Regional Rafaela emitió un comunicado a raíz de los graves incidentes que se suscitaron en las últimas horas en la provincia de Jujuy, cuando las fuerzas policiales reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a organizaciones sociales, pueblos originarios y docentes que se movilizaron en el marco de la aprobación de la nueva Constitución provincial.
“Ante los acontecimientos que se registran en la provincia de Jujuy, la Confederación General del Trabajo Regional Rafaela hace llegar su solidaridad y acompañamiento a los compañeros trabajadores de esa provincia que han sido brutalmente reprimidos durante manifestaciones de protesta frente a los sueldos de hambre que la provincia paga a los docentes y estatales, además del rechazo a los alcances de la reforma constitucional instrumentada por el gobierno jujeño” comenzó el escrito distribuido en las últimas horas por la central obrera local.
“Desde Rafaela acompañamos a la CGT Regional Jujuy y hacemos nuestro el rechazo a cualquier forma de violencia institucional, como ya lo hemos expresado en otras ocasiones”.
A lo que agregaron “Violencia que en Jujuy se manifiesta persiguiendo a quienes profesan ideas diferentes al gobierno de turno, profundizando la desigualdad social, controlando la Justicia, quitando derechos a los pueblos originarios y, finalmente, reprimiendo con saña y brutalidad a los trabajadores y trabajadoras que pretenden luchar por sus salarios. Son acciones que nos remontan a otras épocas que creíamos olvidadas”.
Además de expresar su “solidaridad con los trabajadores y pueblos originarios jujeños” la entidad que nuclea a los sindicatos de Rafaela y la región, cerraron el comunicado advirtiendo “cualquier mecanismo que pretenda criminalizar la protesta social frente a políticas de ajuste sobre los asalariados, con atropellos constantes a los sectores más vulnerables y privilegios a los sectores que concentran la riqueza y pretenden apoderarse de los recursos estratégicos de la Nación para su propio beneficio, nos va a encontrar a los trabajadores y trabajadoras de todo el país unidos y solidarios para enfrentarlos”.
¿Qué pasa en Jujuy: Uno por uno, los artículos polémicos de la reforma constitucional:
- Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la «prohibición de cortes de ruta», en el artículo 67, en el contexto de protestas, que también impide la ocupación de edificios públicos por reclamos sociales y gremiales.
- El artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.
- Morales defendió el concepto de prohibir los cortes de rutas y calles: “El ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, expresó.
- Además, el lunes por la noche, el gobernador anunció la marcha atrás con la redacción de dos artículos, el 50 que establece “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”, y el 36 consigna los incisos referidos a “la propiedad privada”.
- Durante las sesiones, también se trató la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de justicia en la provincia y modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.
- El artículo 50 indicaba que el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación» y «promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano».
- La ley señalaba que «ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos» y que «el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.
- En la marcha atrás, fueron dejados sin efecto los dos últimos párrafos del artículo 36. Uno es el que decía que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley».
- El otro es el que refería a «una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo.
